Guillermo Castillo | Representantes comunitarios y autoridades alcanzaron acuerdos que permitieron la reapertura de Chichén Itzá.

Después de 13 días de negociaciones, manifestaciones y resistencia pacífica, el Concejo Indígena de Gobierno de Pisté anunció un acuerdo con autoridades federales, estatales y municipales que permitirá la reapertura de Chichén Itzá a partir de este lunes 1 de junio. La decisión pone fin a un conflicto que generó incertidumbre entre el sector turístico y las comunidades mayas de la región.

El pacto representa uno de los avances más importantes para los pueblos originarios involucrados en las mesas de diálogo. Como parte de los acuerdos alcanzados, el propio Concejo Indígena de Gobierno de Pisté coordinará el reordenamiento de las y los artesanos dentro de la zona arqueológica, además de definir las áreas de trabajo destinadas a los guías de turistas.

Los representantes indígenas señalaron que el entendimiento se construyó bajo el respeto a los derechos colectivos de las comunidades mayas y mediante acuerdos de palabra, sin mecanismos que, a su consideración, pudieran afectar su autonomía. El objetivo principal consiste en reducir los efectos económicos que provocó el cierre del parador turístico tradicional.

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Autoridades confirman acceso exclusivo por el CATVI

El Gobierno de México, la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Gobierno del Estado de Yucatán y el Ayuntamiento de Tinum confirmaron oficialmente la reapertura del sitio arqueológico.

Las instituciones informaron que la medida forma parte de una estrategia integral de ordenamiento que busca mejorar la experiencia de quienes visitan uno de los principales destinos turísticos del país. Asimismo, precisaron que el ingreso al público se realizará únicamente a través del Centro de Atención a Visitantes (CATVI).

La reapertura marca una nueva etapa para la operación turística de Chichén Itzá, considerada una de las zonas arqueológicas más importantes de México y uno de los principales motores económicos para las comunidades cercanas.

Caso Silvia Cimé formó parte de la resolución

Dentro de los acuerdos alcanzados también se contempló la salida inmediata de una ciudadana identificada como Silvia Cimé, cuya permanencia se había convertido en uno de los puntos más sensibles del conflicto.

Integrantes de la cooperativa Herederos Mayas y trabajadores vinculados al proyecto denunciaron que presuntamente utilizó identidades ajenas para apropiarse de al menos 10 locales comerciales ubicados dentro del CATVI, situación que generó señalamientos de posible corrupción entre los manifestantes.

La resolución de este tema contribuyó a destrabar las negociaciones y permitió avanzar hacia los acuerdos finales que derivaron en la reapertura del complejo turístico y cultural.

Alcalde de Tinum pide evitar represalias

El alcalde de Tinum, Evelio Mis, participó como mediador durante las mesas de diálogo y agradeció la disposición mostrada por las distintas autoridades para escuchar directamente las demandas de la población.

Durante su intervención, el presidente municipal solicitó evitar cualquier demanda o consecuencia legal contra quienes encabezaron el movimiento social. Según expuso, la prioridad debe centrarse en fortalecer la paz comunitaria y prevenir nuevos conflictos en la zona.

Los dirigentes indígenas respaldaron esa petición y destacaron que la movilización se mantuvo en todo momento por la vía pacífica, pese a las tensiones que surgieron durante las jornadas de protesta.

“Nunca más nos dividirán para atacarnos por separado”, expresaron representantes de Pisté, quienes atribuyeron el éxito de las negociaciones a la unidad mostrada por las comunidades participantes.

Continúa la lucha por el corredor económico comunitario

Aunque el acuerdo permitió reactivar las actividades laborales y abrir nuevamente Chichén Itzá, el Concejo Indígena de Gobierno de Pisté advirtió que los procesos legales seguirán en marcha.

Los representantes comunitarios sostienen que todavía no existe una solución definitiva respecto al corredor económico comunitario, una demanda que consideran fundamental para garantizar el sustento de numerosas familias mayas.