Cuartoscuro | El Gobierno de México precisó que las inmovilizaciones de recursos económicos vigentes tienen un carácter administrativo y preventivo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aplicó un congelamiento preventivo a las cuentas bancarias de varios exfuncionarios de Sinaloa. Estados Unidos acusa a estos exservidores públicos de mantener supuestos nexos con la delincuencia organizada. La dependencia de la Secretaría de Hacienda evalúa detalladamente los datos financieros recopilados.

La jefa del Ejecutivo federal descartó la existencia de una carpeta de investigación abierta en territorio mexicano contra los 10 exfuncionarios locales. La fiscalía de Nueva York señala a este grupo por presuntos vínculos operativos con el cártel de Sinaloa. La mandataria enfatizó el origen automático y financiero de las restricciones vigentes.

“Es de una manera preventiva, ahí se va a explicar en el documento. Dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática, preventivamente lo hace la UIF”, detalló la mandataria federal durante su intervención.

Acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y regulación bancaria

Por su parte, la UIF confirmó la incorporación de dichos nombres a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB). La institución financiera gubernamental ejecutó esta medida con una naturaleza precautoria. La acción administrativa responde de forma directa a los avisos que generaron diversas empresas del sistema financiero mexicano.

La dependencia hacendaria explicó que “actualmente se encuentra analizando diversa información y documentación relacionada con las PEP incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, con los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales, como en cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano”.

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Los alertamientos de las bancas comerciales derivaron de los señalamientos de las agencias de Estados Unidos, los cuales obtuvieron difusión pública. Debido a los contratos de corresponsalía con entidades norteamericanas, los bancos en México activaron sus protocolos de cumplimiento y monitoreo sobre clientes catalogados como Personas Políticamente Expuestas (PEP).

Mecanismos de defensa legal y protección del sistema financiero

La autoridad financiera omitió los nombres de los implicados pero puntualizó el uso de los reportes denominados LPB 24 Horas. A partir de estos mecanismos, “la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional”. El organismo busca salvaguardar los flujos económicos regulados en el país.

El organismo descentralizado especificó el alcance legal de sus determinaciones para evitar interpretaciones erróneas sobre el estatus de los afectados. La autoridad aclaró expresamente que “estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo” dentro del marco de sus atribuciones.

Las autoridades recordaron que las personas que figuran en la Lista de Personas Bloqueadas conservan vigentes todos sus derechos legales de defensa. El sistema jurídico les garantiza el acceso a la Garantía de Audiencia contemplada en las leyes vigentes. Los afectados pueden promover recursos administrativos y juicios jurisdiccionales ante los tribunales correspondientes.