La situación entre la comunidad maya de Pisté y Chichén Itzá ha alcanzado un punto crítico de alta tensión, con movilizaciones policiacas y protestas locales que reflejan un conflicto profundo y de larga data por el control del espacio, el patrimonio y los beneficios del turismo.
El epicentro de la disputa actual gira en torno a la apertura del nuevo Centro de Atención a Visitantes (CATVI) y el intento de reubicar a los cientos de artesanos y comerciantes locales que tradicionalmente han trabajado dentro de la zona arqueológica.
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Representantes del Consejo Indígena de Gobierno de Pisté —comisaría donde se asienta el sitio prehispánico— ofrecieron una rueda de prensa ayer para aclarar las demandas de la comunidad maya, luego de que los pobladores protestaran y derribaran un bloqueo instalado por fuerzas de seguridad federales y estatales.
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Conflicto escala por accesos en Chichén Itzá
El conflicto se recrudeció la noche del lunes, cuando se presume que elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cerraron el acceso de la antigua entrada a la zona arqueológica. Esta acción fue interpretada por los habitantes locales como una obstrucción directa para que las y los artesanos pudieran ingresar a ofrecer sus creaciones, calificando la maniobra de las autoridades como una “traición” que rompió los canales de comunicación previamente establecidos.
Ante los hechos, el Gobierno del Estado emitió un comunicado argumentando que el Centro de Atención a Visitantes (CATVI) y el antiguo parador turístico de Chichén Itzá permanecieron cerrados durante el martes debido exclusivamente a “aspectos operativos y de coordinación interinstitucional”, con la promesa de restablecer las actividades a la brevedad.
Sin embargo, los manifestantes inconformes desmintieron tajantemente esta información oficial, sosteniendo que el cierre técnico fue en realidad un intento de bloqueo para asfixiar su economía y restringir sus accesos tradicionales.
Comunidad maya exige acuerdos y garantías
Durante el encuentro con los medios de comunicación, el Consejo Indígena de Gobierno de Pisté enfatizó en rueda de prensa que las protestas transcurrieron de manera favorable, pacífica y con plena claridad. Reiteraron que las solicitudes del pueblo maya no representan intereses particulares ni exigencias desmedidas, sino derechos legítimos sustentados en la Constitución, tratados internacionales y su historia viva.
Cabe mencionar que el convenio planteado ante las autoridades se compone de cuatro puntos centrales:
Garantía de no desalojo: Exigen un compromiso por escrito del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del Gobierno del Estado para garantizar que los artesanos mayas y prestadores de servicios tradicionales no serán removidos de la zona arqueológica.
Permanencia del parador turístico: Certeza jurídica de que no se cerrará el parador turístico comunitario, del cual dependen económicamente numerosas familias de la comunidad.
Libre acceso a visitantes: Respeto a la libre decisión de las agencias turísticas y de los visitantes para ingresar a la zona arqueológica por cualquiera de las entradas existentes, incluyendo la que fue bloqueada temporalmente.
Respeto a usos y costumbres: Restitución y respeto permanente —mediante acuerdos firmados— de sus ceremonias, rituales y tradiciones. Esto incluye la peregrinación tradicional del 12 de diciembre desde el interior de Chichén Itzá, considerada parte de la memoria espiritual de la comunidad.
Consejo indígena pide mantener diálogo
“No buscamos confrontación. Nuestra voluntad continúa siendo la construcción de acuerdos mediante el diálogo y el respeto mutuo”, manifestaron los representantes del Consejo.
Finalmente, los líderes indígenas puntualizaron que la actual crisis se originó tras la ruptura del proceso de diálogo por parte de las autoridades, mientras la comunidad permanecía a la espera de respuestas concretas. Aseguraron que su movilización se mantiene bajo el marco de una manifestación pacífica y en el ejercicio legítimo de sus derechos colectivos.