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La práctica de la mutilación genital femenina persiste actualmente en las montañas cafeteras del departamento de Risaralda, dentro del territorio ancestral de los pueblos embera chamí y katío. Alejandrina Guasorna, una agricultora de 74 años, descubrió apenas en su etapa adulta que sufrió esta agresión al nacer. Dicho procedimiento clandestino provoca frecuentemente el fallecimiento de recién nacidas debido a hemorragias o infecciones graves.
El uso de una navaja o un clavo hirviendo caracteriza estas intervenciones que realizan diversas parteras en habitaciones cerradas. Las mujeres del resguardo embera chamí de Pueblo Rico describen estos actos como un tabú profundamente arraigado. A pesar del silencio institucional, la comunidad registra constantemente la pérdida de menores por complicaciones derivadas de la ablación del clítoris.
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Alejandrina Guasorna recuerda que en su entorno “traían niñas muertas a cada momento”. Durante su crecimiento, ella y sus allegados pensaban “que era normal” presenciar tales decesos vinculados a la tradición. De acuerdo con investigaciones históricas, esta costumbre carece de un origen indígena claro y podría provenir de influencias africanas transmitidas durante el periodo del colonialismo.
Marco legal para erradicar la ablación en Colombia
Actualmente, un grupo de líderes de la etnia embera y diversas legisladoras impulsan un proyecto de ley en el Congreso de Colombia. Esta iniciativa legislativa busca prohibir definitivamente la práctica en todo el territorio nacional sin establecer penas de cárcel para las parteras. Las proponentes consideran que estas mujeres actúan bajo una marcada “falta de información” y no con dolo criminal.
El documento legal prioriza los planes de prevención y la pedagogía estatal dentro de las zonas rurales y resguardos indígenas. Sin embargo, el tiempo apremia para su aprobación definitiva, ya que el Senado debe realizar el último debate antes del 20 de junio de 2026. Esta fecha marca el cierre del periodo legislativo actual, lo que genera una presión institucional considerable.
Según datos de la ONG Equality Now, se efectuaron 204 mutilaciones genitales en Colombia entre los años 2020 y 2025. Esta cifra posiciona al país como la única nación de América Latina donde todavía ocurre esta práctica de manera activa. No obstante, las autoridades reconocen la inexistencia de estadísticas consolidadas debido al hermetismo de las comunidades involucradas.
La doctora Sarita Patiño, médica en un hospital que atiende la zona de Pueblo Rico, advierte sobre “un subregistro increíble” de casos en la región. Durante lo que va del año 2026, el centro médico ya registró a seis víctimas con complicaciones de salud derivadas de la intervención. En el mes de febrero, la especialista asistió a un bebé de apenas seis meses con quemaduras.
Consecuencias físicas y sociales de la mutilación genital
Las creencias locales sostienen erróneamente que las niñas no intervenidas serán “fáciles” con los hombres o que su órgano genital crecerá desmedidamente. Etelbina Queragama, una ama de casa de 63 años, relata las secuelas físicas que padece desde su infancia. Ella explica que “nunca” sintió “nada” durante sus relaciones sexuales y que solo experimenta constantes “dolores”.
Por su parte, la OMS señala que la extirpación del clítoris constituye una violación directa a los derechos fundamentales de la infancia. Las víctimas enfrentan riesgos de salud crónicos que impactan su calidad de vida de forma permanente. Además de los daños físicos, el procedimiento busca anular el placer sexual femenino bajo una justificación cultural punitiva que genera sufrimiento.
La líder indígena Francia Giraldo, quien fue la primera gobernadora de su resguardo, coordina los esfuerzos para generar conciencia en los territorios alejados. Ella denuncia que muchos menores fallecen sin contar con un registro de nacimiento oficial. Los bebés se “vacían de sangre” y en ocasiones las madres “las entierran” directamente en sus comunidades para evitar el hospital.
Francia Giraldo desea que “mujeres que defienden los derechos de las mujeres” logren llegar a los rincones más profundos del país. La congresista e historiadora Carolina Giraldo enfatiza que la teoría más sólida vincula esta práctica con tradiciones de 33 países de África. La ONU calculó en el año 2024 que aproximadamente 230 millones de mujeres han sufrido esta violencia mundialmente.
Finalmente, las defensoras de la ley abogan por un plan de educación que proteja a las parteras de estigmas sociales. "Me duele mucho cuando somos tildadas como asesinas, como ignorantes", sentenció Francia Giraldo al defender el enfoque pedagógico de la propuesta. El objetivo principal radica en proteger la vida de las futuras generaciones sin destruir el tejido social indígena.
Información: AFP