BELÉN MARTÍN
La diputada Jazmín Villanueva Moo, presentó una iniciativa para que la Secretaría Técnica del Sistema Local Anticorrupción cuente con autonomía constitucional, por lo que propuso modificar la máxima ley local y la del Sistema Anticorrupción de Yucatán.
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Desde el Congreso del estado de Yucatán, la legisladora por el partido Morena pidió elevar a nivel constitucional como órgano público autónomo a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado, a efecto de evitar, cualquier vínculo con autoridad, partido o factor de poder alguno que pueda influir en el desempeño de sus funciones.
Villanueva Moo manifestó “ante la imperiosa necesidad de frenar la corrupción y luchar contra ella, actualmente se hacen esfuerzos sistemáticos (primero de carácter técnico y luego, gradualmente político), para llevar la lucha contra la corrupción a la agenda nacional”.
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Indicó que si bien el órgano de apoyo denominado Secretaría Ejecutiva que formará parte del Sistema Estatal Anticorrupción (Secretaría Ejecutiva del SEAY), fue dotada con autonomía de gestión para la cual se estableció no se encuentre sectorizada a ninguna dependencia del Poder Ejecutivo, se encuentra integrada a la Administración Pública del Estado.
Con ello, “genera una gran dificultad operativa al interior y exterior de la Secretaría Ejecutiva del SEAY, al estar sometida a procedimientos administrativos que devienen del Código de la Administración Pública de Yucatán y su reglamento, instrumentos normativos que por regla general están destinados a todos aquellos entes que se encuentran bajo la esfera del Poder Ejecutivo”, expuso.
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Lo anterior evidencia la incompatibilidad inicialmente mencionada de que la Secretaría Ejecutiva del SEAY pertenezca a la Administración Pública Estatal, pues al ser el órgano técnico del Sistema Estatal Anticorrupción, su funcionamiento no debe obstaculizar por las disposiciones que rigen a la Administración Pública Estatal, cuya gestión está a cargo exclusivamente del Poder Ejecutivo, manifestó Villanueva Moo.
Finalmente, la legisladora argumentó que la iniciativa plantea la necesidad de reformar la Constitución Política del Estado de Yucatán a fin de instaurar la Secretaría Ejecutiva del SEAY a nivel constitucional como un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio; con autonomía de gestión y presupuestaria, a efecto de evitar, como se mencionó, cualquier vínculo con autoridad, partido o factor de poder alguno que pueda influir en el desempeño de sus funciones.