Debido a que “no se aportaron exámenes periciales o científicos que garanticen que dicha planta evitará la contaminación del aire u otros impactos ambientales”, el juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, ratificó parar las actividades de una mega granja porcícola en Homún.
Avala juez suspensión de la granja porcícola en Homún
El funcionamiento de esta empresa Producción Alimentaria Porcícola (Papo), argumentó el funcionario federal, atenta contra el derecho a la salud, el medio ambiente sano y al agua, así como contra el interés superior de la niñez y la libre determinación del pueblo maya.
Leal Mota explicó que, si bien hay un documento que data del 2017, emitido por la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) sobre la viabilidad de la bodega de tratamiento al momento de autorizar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), “no se aportaron exámenes periciales o científicos que garanticen que dicha planta evitará la contaminación del aire u otros impactos ambientales”.
Por tanto, la prueba presentada por Papo no es “novedosa”, por lo que no hay criterios suficientes para reanudar operaciones.
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Aunque la compañía argumentó que la Seduma no estaba obligada a realizar una consulta pública, se hizo; sin embargo, el juez explicó que las autoridades deben proteger los derechos de los pueblos indígenas, como el de acceso a la información y la justicia y la participación en la toma de decisiones, por lo que la consulta que efectuó la entonces dependencia no es equivalente a lo que se requiere, pues debió ser informada, culturalmente adecuada, de buena fe y que se apegara a la autonomía de las comunidades mayas.
Respecto al principio precautorio, la empresa Papo no comprobó que está superado y tampoco reflejó el apego a los estándares internacionales para el tratamiento de residuos a fin de evitar la contaminación del suelo, el agua y el aire.
Al respecto, las organizaciones Kanan ts’ono’ot, Representantes de la Infancia en Homún e Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, apuntaron que la resolución, que es de manera indefinida, contribuye a la protección de los pueblos mayas en la demarcación.
REDACCIÓN