La Secretaría de la Contraloría (Secont) de Campeche detectó y recuperó siete carpetas de investigación en contra de funcionarios de la administración estatal que encabezó Alejandro Moreno Cárdenas, que representan un posible daño al erario por 152 millones 129 mil 123 pesos.
Lo anterior lo dio a conocer María Eugenia Enríquez Reyes, titular de la dependencia estatal, quien dijo que estas pruebas “se pretendían archivar”. Estamos trabajando en ellas para aportar más datos de prueba, porque percibimos que existe una posible comisión de hechos con apariencia del delito de peculado”.
Las evidencias involucran a cinco dependencias: Secretaría de Turismo (Sectur), por dos millones 166 mil 711 pesos; Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Campeche (Cecytec), por 19 millones 108 mil 717; Colegio de Bachilleres de Campeche (Cobacam), por 25 millones 618 mil 829; Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por 64 millones 714 mil 848 pesos; Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), por 36 millones 314 mil 455, y otra por cuatro millones 205 mil 563, aunque no precisó a cuál corresponde.
Enríquez Reyes reveló que los exfuncionarios que son posibles responsables están identificados, pero reiteró que pueden acercarse a la secretaría a hacer algún tipo de acuerdo reparatorio, regresar el dinero que se le quitó a la entidad, y recibir los beneficios que el mismo Código Penal local señala y permite.
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Aclaró que los acuerdos reparatorios se deben dar antes de que se emita la sentencia.
“Hacemos la invitación a los servidores públicos que tomaron dinero del erario a que lo regresen… hay medidas y salidas para solucionarlo. La intención es que Campeche vuelva a tener el dinero que tenía, y que tanto estamos necesitando para poder trabajar, para que haya obra y más avance en nuestro Estado”.
Indicó que el acuerdo se puede realizar incluso ante Ministerio Público y lamentó que los montos por estas presuntas irregularidades son elevados.
“No vamos a proteger a nadie, vamos a aplicar la ley, y por eso estamos recuperando estas carpetas para que el Ministerio Público investigue los hechos y, si así lo considera, se puedan judicializar y solicitar las órdenes de aprehensión que procedan”.
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