Un padre de familia presentó recursos administrativos contra la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGEY) al considerar que la dependencia incurrió en una presunta omisión durante la atención de un caso de violencia escolar en Mérida. La denuncia se dirige específicamente al área de Educación Primaria, donde, según el denunciante, no existió una respuesta oportuna tras el reporte de las agresiones.
El activista por los derechos de niñas, niños y adolescentes, Abraham Castillo, explicó que la actuación institucional no cumplió con la diligencia necesaria para proteger a su hija, quien estudiaba en un colegio particular de Mérida. Afirmó que la situación comenzó durante los primeros días del ciclo escolar 2025.
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De acuerdo con su testimonio, un alumno presuntamente agredió a varios estudiantes del grupo, entre ellos su hija. Ante esa situación, presentó un reporte de riesgo ante la institución educativa, aunque aseguró que nunca recibió una respuesta formal y posteriormente le negaron una copia de la minuta elaborada por el plantel.
Denuncia por presunta falta de actuación
El padre relató que, días después de entregar el reporte, la menor le informó que el mismo estudiante le clavó un lápiz en el abdomen. Ese hecho motivó la presentación de una denuncia ante la SEGEY.
“La escuela no tomó medidas al momento y ahí decidí reportar el caso a la Secretaría de Educación. Pensé que actuarían de inmediato, pero eso nunca ocurrió”, afirmó.
Castillo indicó que posteriormente acudió a la Contraloría de la SEGEY, donde también presentó quejas al considerar que la dependencia no dio seguimiento oportuno al caso. Además, señaló que otros padres de familia habían expresado preocupación por la conducta del menor involucrado.
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Señalan deficiencias en los protocolos de protección
El activista sostuvo que su principal inconformidad se centra en la actuación de las autoridades educativas, pues considera que los protocolos de protección de niñas, niños y adolescentes no se aplicaron de manera adecuada.
“Si a mi hija, que tiene un papá que conoce los canales administrativos, no le sirvió para nada, imagínate un ciudadano que no sabe cómo presentar una queja. Lo que buscamos es que las instituciones realmente protejan a las niñas y los niños”, expresó.
Informó que actualmente espera la resolución de los recursos administrativos promovidos ante diversas instancias, entre ellas la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY). También adelantó que continuará el proceso por otras vías legales si las resoluciones no resultan favorables.
Organizaciones acompañan el caso
El activista señaló que distintas organizaciones civiles brindan acompañamiento durante el procedimiento administrativo y legal relacionado con el caso.
Asimismo, confirmó que su hija ya no estudia en el colegio donde ocurrieron los hechos, debido a que la menor manifestó que no deseaba regresar después de la agresión.
Información: Quadratín