Aunque durante 2024 aumentó en el país el número de adolescentes imputados por la presunta comisión de delitos, Yucatán logró mantenerse entre las entidades con menor incidencia, de acuerdo con las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) 2026, publicadas por el INEGI.
El reporte ubica a Yucatán con una tasa de 241.4 adolescentes imputados por cada 100 mil jóvenes, cifra inferior al promedio nacional de 259.3. Muy por encima aparecen entidades como Aguascalientes, Nuevo León y Sonora, mientras que el estado se mantiene entre los de menor incidencia del país.
Suscríbete a nuestro canal
En cuanto al internamiento, la entidad registró una tasa de 15.3 adolescentes ingresados a centros especializados por cada 100 mil jóvenes de entre 14 y 17 años, también por debajo del promedio nacional de 17.2, lo que muestra un menor uso de esta medida privativa de la libertad.
Te puede interesar:
Yucatán se mantiene por debajo de la media nacional
El centro especializado para adolescentes de Yucatán opera con una ocupación muy inferior a su capacidad, lejos de los niveles observados en otras entidades del país donde la demanda es considerablemente mayor.
A nivel nacional, durante 2024 fueron imputados 35 mil 193 adolescentes, un incremento de 7.1 por ciento respecto al año anterior y de 55.4 por ciento en comparación con 2021. Además, ocho de cada diez jóvenes involucrados en procesos penales fueron hombres.
Desde 2022, las lesiones desplazaron al robo como el delito más frecuente en las carpetas de investigación, mientras que entre quienes ingresaron a centros de internamiento, el narcomenudeo se convirtió por primera vez en el principal delito, seguido por homicidio y robo.
Especialista llama a fortalecer la prevención
Para la psicóloga clínica especializada en adolescentes, Carolina Chávez, las cifras deben analizarse más allá del ámbito policial:
“Cuando un adolescente entra en conflicto con la ley, normalmente estamos viendo el resultado de varios factores como desintegración familiar, abandono escolar, violencia, problemas de salud mental, consumo de sustancias o falta de redes de apoyo. Es un fenómeno que requiere prevención y atención temprana, no únicamente sanciones”, explicó.
La especialista señaló que entidades con menores índices, como Yucatán, tienen la oportunidad de fortalecer programas preventivos antes de que el problema crezca.
“Los datos son positivos porque muestran una incidencia relativamente baja, pero no deben interpretarse como una razón para bajar la guardia. La adolescencia es una etapa en la que una intervención psicológica, familiar y comunitaria oportuna puede cambiar por completo el proyecto de vida de un joven”, agregó.
El reporte del INEGI también evidencia que el sistema de justicia para adolescentes enfrenta retos a nivel nacional. Al cierre de 2024, una de cada tres personas adolescentes privadas de la libertad permanecía en internamiento preventivo sin una resolución definitiva de su caso, el porcentaje más alto registrado desde 2017.