Con el recorte que sufrió el presupuesto para el ejercicio fiscal 2025 en el Poder Judicial impactará en la impartición de justicia, al no ofrece la capacitación para el personal, mejorar la infraestructura y modernizar los procesos, ni se podrá otorgar al aumento de 20% que se pretendía al salario de los trabajadores, declaró la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, María Carolina Canto Valdés.
Recordó que la propuesta de presupuesto para 2025, elaborada por el Poder Judicial del Estado, tenía como principal objetivo fortalecer la capacitación, mejora de infraestructura en la institución y modernizar los procesos, así como dar una mejor remuneración a los trabajadores.
Canto Valdés explicó que, entre dichos proyectos, en materia de infraestructura, se contemplaba invertir recursos para la creación de dos nuevos Juzgados Especializados, uno en violencia familiar y otro en comunidades indígenas.
En el caso del primero, el de violencia familiar, expuso que su apertura es crucial debido a la alta incidencia de casos, tal y como lo reportan las encuestas Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) y la Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), ambas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las cuales revelan que Yucatán supera la media nacional en violencia contra las mujeres en diversos ámbitos.
De acuerdo con dichas encuestas, especificó, el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar fue el principal motivo de carpetas iniciadas, y en segundo lugar, se encuentra la violencia familiar, donde las mujeres son las más afectadas.
Recursos
Debido a estas situaciones de violencia, las afectadas tienen que realizar diversos trámites para solicitar órdenes de protección, resolver asuntos familiares y delitos penales, la mayoría de las ocasiones involucrando a menores que son parte de esos conflictos.
Eso representa, en muchos casos, altos costos económicos y emocionales, por lo que la creación de un Juzgado Especializado en Violencia Familiar contribuiría a atender las necesidades específicas de las víctimas, agilizar los procedimientos judiciales, optimizar los recursos y garantizar una atención integral, precisó la abogada.
Respecto al Juzgado especializado en comunidades indígenas, manifestó que, tal como se propuso en el proyecto de presupuesto, éste contribuiría a fortalecer el acceso a la justicia bajo una perspectiva intercultural, como lo establece el artículo segundo de la Constitución,
“El contar con un juzgado de este tipo permitiría fortalecer la protección de derechos de grupos vulnerables dentro de estas comunidades, como mujeres, niñas, niños y adolescentes, asegurando que los procedimientos legales sean inclusivos, culturalmente adecuados y respetuosos de su identidad”, dijo.
Además, señaló, otorgaría la posibilidad de registrar y analizar datos estadísticos relevantes para mejorar los criterios judiciales, apuntó.
De igual modo, añadió Canto Valdés, con la proyección presupuestal que se tenía se haría un esfuerzo inédito, para que la base trabajadora tuviera un aumento a su salario, pero con la reducción de más de 260 millones de pesos que aplicó el Congreso del Estado para este año, “eso no será posible”.
Condición
De los mil 328 millones de pesos que solicitó el Poder Judicial del Estado como presupuesto para este 2025, el Congreso le autorizó mil 67 millones 442 mil 58 pesos, es decir 261 millones menos que lo pedido.
En ese sentido, aseguró que continuarán realizando las gestiones necesarias para apoyar en la mejora de las condiciones laborales de la amplia base trabajadora, sobre todo a los que menos ganan.
Asimismo, en la propuesta presupuestal se consideraban los recursos para sentar las bases de la capacitación del personal judicial y de la infraestructura física y tecnológica adecuada para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que tiene énfasis en la digitalización y la justicia oral, cuyo plazo máximo es hasta el 1 de abril de 2027.
“En estos días, se realiza un análisis responsable y profundo del presupuesto aprobado, para así definir las metas de este 2025. Con los recursos autorizados haremos todos los esfuerzos necesarios para reforzar la plantilla laboral en los juzgados existentes, a fin de dar cumplimiento con el marco normativo y asegurando un sistema judicial eficiente y accesible para los yucatecos”, finalizó.