Más de mil 300 familias de las colonias La Guadalupana y Plan de Ayala Sur, junto con ejidatarios de San Antonio Xluch y Noco, denunciaron públicamente una serie de presuntas irregularidades dentro del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS) que, aseguran, mantienen paralizado el proceso de expropiación y regularización de sus terrenos.
Durante una rueda de prensa, representantes de los afectados señalaron que la problemática impacta una superficie de 74 hectáreas de uso común, situación que mantiene a cientos de personas sin certeza jurídica sobre las propiedades que habitan desde hace años.
Suscríbete a nuestro canal
Los inconformes afirmaron que el conflicto surgió a raíz de un presunto fraude millonario y que actualmente permanece detenido en instancias federales, sin avances visibles para las familias involucradas.
Acusan fraude millonario durante proceso de regularización
El tesorero del ejido, Mario Perera Narváez, señaló a Rafael Chan Castañeda, quien se desempeñó como funcionario de la entonces Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), actualmente INSUS, de haber utilizado información privilegiada para ofrecer servicios particulares de regularización.
Según explicó, el exfuncionario cobró más de 6 millones de pesos a colonos y ejidatarios para realizar diversos trámites relacionados con la obtención de documentos de propiedad.
Te puede interesar:
Sin embargo, el procedimiento terminó rechazado por el Registro Agrario Nacional, debido a errores técnicos y jurídicos que impidieron su validación. “Son más de mil 300 familias que nos sentimos al aire, sin certeza, queremos que la autoridad federal nos voltee a ver”, expresó Mario Perera Narváez.
Los representantes también señalaron que presentaron denuncias ante la Fiscalía General Anticorrupción, aunque aseguraron que el señalado logró separarse de la dependencia sin enfrentar sanciones, situación que generó dudas entre los afectados.
Familias exigen títulos de propiedad para sus viviendas
Las familias involucradas insistieron en que su principal demanda consiste en obtener seguridad jurídica sobre los terrenos que ocupan y proteger el patrimonio familiar.
“Lo único que buscamos es certeza jurídica, que podamos obtener los títulos de propiedad de nuestros propios hogares y proteger el futuro de nuestros hijos”, manifestaron los colonos durante el encuentro con medios de comunicación.
Los afectados también acusaron al jefe regional del INSUS, Julio Alfonso Ortegón Espadas, de obstaculizar el avance del Programa para la Regularización de Asentamientos Humanos (PRAH).
De acuerdo con los denunciantes, el ejido aprobó los trámites necesarios durante una asamblea celebrada el 11 de mayo de 2025, por lo que consideran injustificada la falta de avances en el expediente.
Señalan contradicciones entre INSUS y Ayuntamiento de Mérida
Durante la rueda de prensa, los vecinos expusieron documentos que, aseguran, contradicen los argumentos presentados por autoridades del INSUS para justificar el retraso del procedimiento.
Según explicaron, Julio Alfonso Ortegón Espadas sostuvo que el expediente permanecía detenido porque el Ayuntamiento de Mérida impedía actualizar un dictamen relacionado con Desarrollo Urbano.
No obstante, los afectados exhibieron el oficio DDU/SN/DFUD/1286/2025, emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, donde se establece que dicha actualización continúa vigente y que no existe impedimento legal para continuar con el trámite.
Los colonos sostienen que esta respuesta oficial contradice la versión proporcionada por el funcionario federal y refuerza sus cuestionamientos sobre el manejo del expediente.
Exigen transparencia y avances inmediatos
Tras más de un año desde el inicio formal del proceso, las familias del sur de Mérida solicitaron acciones concretas para destrabar el procedimiento. Entre sus principales exigencias figura el inicio inmediato de los trabajos técnicos de medición topográfica y del trámite de expropiación correspondiente a las 74 hectáreas involucradas.
Asimismo, pidieron acceso a copias y documentos que permitan conocer el avance real del expediente y demandaron información sobre el estatus del procedimiento sancionador relacionado con Rafael Chan Castañeda.
Los representantes reiteraron que continuarán solicitando atención de las autoridades federales hasta obtener certeza jurídica sobre sus viviendas y terrenos.