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Un nuevo informe de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) advierte que, aunque el derecho a la protesta está reconocido formalmente, en la práctica enfrenta obstáculos estructurales, uso de la fuerza y procesos de criminalización, especialmente contra mujeres y comunidades mayas.
El documento, titulado "El derecho a la protesta en Yucatán: desigualdades, resistencias y disputas por el espacio público", identifica que este derecho no se ejerce en condiciones de igualdad, sino atravesado por factores como el racismo, el patriarcado y el clasismo.
Entre los hallazgos más relevantes, la Codhey documenta patrones persistentes de uso desproporcionado de la fuerza, vigilancia y discursos estigmatizantes contra personas manifestantes.
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Derechos humanos y el panorama de la manifestación en Yucatán
El informe recuerda que en Yucatán se han registrado, desde 2016, casos de represión policial, detenciones arbitrarias y criminalización de protestas pacíficas, incluyendo episodios como el uso de chorros de agua contra manifestantes del 8 de marzo.
Además, advierte que existe un trato diferenciado según quién protesta y qué exige, lo que impacta directamente en la legitimidad social e institucional de las movilizaciones.
El análisis pone énfasis en las movilizaciones feministas, donde se identifican mayores riesgos de violencia, presencia policial intimidatoria y narrativas que deslegitiman sus demandas.
Incluso, señala que en redes sociales y medios de comunicación predominan discursos que califican estas protestas como "vandalismo", desviando la atención de las causas de fondo.
Movilizaciones feministas y protestas socioambientales
Otro foco son las protestas socioambientales, encabezadas en su mayoría por comunidades mayas, donde el informe detecta desigualdad en la atención institucional y respuestas tardías.
Las principales tensiones están relacionadas con el derecho al agua, la expansión de granjas porcícolas y proyectos industriales, que han detonado movilizaciones ante la falta de consulta y participación efectiva.
La Codhey concluye que el derecho a la protesta en Yucatán vive una tensión constante entre su reconocimiento legal y su ejercicio real, condicionado por estructuras de poder y prejuicios sociales.
"El derecho está ahí, pero solo si lo haces a su modo", recoge el informe a partir de testimonios de participantes en marchas.
Ante este panorama, el organismo plantea la necesidad de fortalecer políticas públicas, eliminar prácticas de represión y garantizar condiciones seguras y sin discriminación, para que la protesta sea plenamente reconocida como una herramienta legítima de participación democrática.