Estados Unidos acusó a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, de asociación delictuosa para la importación de narcóticos, posesión de armas y secuestro.

La acusación, firmada por el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, describe en términos muy generales algunas alianzas hechas por el gobierno de Sinaloa y funcionarios como su exsecretario general, el exsecretario de Administración y Finanzas, el fiscal general adjunto de Sinaloa, y exfuncionarios estatales de la policía; así como el alcalde de Culiacán y el excomandante de la policía municipal.

Este es uno de los señalamientos más duros en los últimos años contra algún funcionario mexicano en funciones hecho por el gobierno de Estados Unidos.

Si bien hay en este momento un desarrollo político altamente tenso entre los gobiernos de México y Estados Unidos, la acusación no es menor y el gobierno de México la debería aquilatar con la seriedad que necesita el caso.

Pero, ¿cómo sabremos que el trabajo de investigación se hizo de manera concienzuda?

Las acusaciones contra el gobernador del estado de estar en contubernio con el grupo criminal no son nuevas. Desde el proceso electoral que se llevó a cabo hubo denuncias sobre el levantamiento de candidatos y operadores políticos que influyeron de manera específica en los resultados.

Sin embargo, desde entonces, no ha habido argumentos mayores conformados ante una fiscalía para al menos tratar de verificar si las acusaciones tuvieron que ver con el resultado.

Por ahora, el gobierno de México ya reclamó dos hechos: primero que no se haya guardado confidencialidad con la información y segundo, que tampoco se hayan entregado elementos de prueba en la acusación.

En el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores apunta que tendrá que ser la Fiscalía General de la República quien se encargue de determinar el curso de las solicitudes de detención.

Y es ahí donde viene mi duda genuina, ¿qué tanta imparcialidad tendremos en todo esto? Porque el gobernador Rocha Moya ya hizo de esto una cruzada de partido. En una respuesta en redes sociales dijo que “Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación”, lo que quizá coloca en una situación compleja a la dirigencia y al mismo desarrollo de las investigaciones.

¿Y si le corresponde al partido? ¿Es verdad que es un ataque contra todos? Porque hasta ahora las acusaciones han sido puntuales.

No quiero decir que únicamente porque la acusación venga del gobierno de Estados Unidos tengamos que darla por buena, pero me parece que abona a una serie de sucesos y deberíamos tener la capacidad de confiar en las instituciones para que nosotros como ciudadanía tengamos la certeza de que tenemos gobernantes confiables.

¿Qué hacemos mientras con el resto de funcionarios acusados?, ¿creemos en su palabra solo porque es suya? Creo que en la misma medida que ponemos en duda la veracidad de un bando, tendríamos que hacerlo con el otro.

Mientras, en la oficina de Enrique Inzunza en el Senado, las caras de al menos 3 de sus colaboradores lucían preocupadas.

    @Micmoya