Ley Sabina contra Deudores Alimentarios | Alejandra Castro, fundadora del colectivo, señaló que esta cifra muestra una grave omisión por parte de las autoridades encargadas de impartir justicia

La colectiva Deudores Alimentarios de Mérida advirtió que menos del 5% de los padres que incumplen con el pago de pensión alimenticia están inscritos en el padrón oficial, pese a que existen expedientes completos y con años de antigüedad en los juzgados.

Alejandra Castro, fundadora del colectivo, señaló que esta cifra muestra una grave omisión por parte de las autoridades encargadas de impartir justicia. "De aproximadamente 200 casos que tenemos identificados, apenas unos 10 cuentan con un deudor registrado formalmente", denunció.

La activista explicó que, desde su creación, la colectiva ha brindado atención a más de tres mil 600 mujeres en Yucatán, de las cuales más de 200 han participado activamente en la organización. Actualmente, mantienen cerca de 40 casos en seguimiento, algunos con avances parciales en el pago de adeudos.

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Sin embargo, Castro consideró que el problema podría ser mucho mayor, ya que la agrupación opera con recursos propios, lo que limita su alcance en el interior del estado. Aun así, han documentado casos en municipios como Tixkokob, Umán y Motul.

Omisiones en el registro y justicia para las familias yucatecas

Como parte de sus actividades de visibilización, integrantes del colectivo colocaron un "tendedero" de deudores alimentarios en las inmediaciones del parque de Santiago, donde exhibieron nombres y adeudos de padres incumplidos.

Castro destacó que la falta de pago no solo implica una omisión económica, sino una forma de violencia hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes. "No es que no tengan, es que no quieren pagar. Buscan seguir ejerciendo control y violencia", condenó.

Además, denunció que en varios casos las madres han sido amenazadas, incluso de muerte, tras exhibir públicamente a los deudores, lo que dificulta aún más que denuncien, sobre todo en comunidades del interior del estado.

Desafíos de seguridad y falta de resolución en expedientes judiciales

La principal exigencia del colectivo es que las autoridades cumplan con su labor. "Nosotras ya hicimos todo: entregamos datos, domicilios, montos y pruebas. Solo pedimos que jueces y funcionarios hagan su trabajo y garanticen justicia", expresó.

Incluso, indicó que hay expedientes que llevan años sin resolverse. "Tenemos casos desde 2022 que siguen sin reflejarse en el padrón de deudores. La información está ahí, pero no actúan", lamentó.

Finalmente, Castro insistió en que la pensión alimenticia no se limita al aspecto económico, sino que también implica responsabilidad emocional y presencia en la vida de hijas e hijos, un derecho que, aseguró, también está siendo vulnerado.