El crecimiento de la infraestructura en la península de Yucatán, impulsado por proyectos como la ampliación del Puerto de Altura de Progreso, podrá traer consigo conflictos socioambientales que impactarán directamente a las comunidades si no se planifica y protege adecuadamente la relación con ellas, advirtió el abogado Jorge Fernández Mendiburu, del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal.
Yucatán como blanco de megaproyectos
Fernández Mendiburu explicó que desde hace unos 15 o 20 años, la región se ha vuelto estratégica para grandes inversiones nacionales e internacionales debido a:
- Su ubicación geopolítica
- La abundancia de recursos naturales, especialmente el agua
- Su relativa estabilidad social en comparación con otras zonas del país
“La península ha sido vista como un oasis dentro de un país atravesado por la violencia, y eso la convierte en un terreno fértil para megaproyectos”, señaló.
Crece la violencia contra defensores del territorio
Sin embargo, advirtió que esta situación ha cambiado en los últimos años, con la llegada del narcotráfico, el aumento de droga barata en las comunidades y una creciente hostilidad hacia quienes defienden la tierra.
Recordó que proyectos como el Tren Maya, las granjas porcícolas, los parques eólicos y solares, han detonado procesos de organización comunitaria en defensa del territorio, particularmente en zonas rurales e indígenas.
Como ejemplo, mencionó el caso de Telchac, donde hace más de una década comenzó una resistencia contra la siembra de soya transgénica promovida por grandes agroindustrias.
“El discurso del desarrollo sustentable ha ido mutando hacia uno más centrado en la defensa del territorio. Las comunidades están entendiendo que se trata de sobrevivencia y de preservar su modo de vida ante un modelo de despojo sistemático”, apuntó el abogado.
Desarrollo urbano y conflictos: una tendencia global
Por su parte, Alejandra Ancheita Pagaza, directora del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), aclaró que este fenómeno no es exclusivo de Yucatán, sino que responde a una tendencia global que se ha desarrollado desde hace más de 30 años.
“El modelo económico global está basado en la sobreexplotación de bienes naturales, lo que ha generado una crisis climática sin precedentes. Y son justamente las comunidades quienes más sufren las consecuencias”, advirtió.
Violencia estructural y necesidad de regulación
La directora de ProDESC precisó que los conflictos no surgen de manera aislada, sino que en muchos casos están impulsados o protegidos por actores poderosos como:
- Gobiernos
- Corporaciones
- Fuerzas de seguridad
- Incluso el crimen organizado
“Cuando una comunidad decide defender su tierra, se enfrenta no solo a una empresa o a un proyecto, sino a una red de intereses que normaliza la violencia”, dijo.
Llamado a articular redes y exigir regulación efectiva
Ambos activistas coincidieron en que la ampliación del Puerto de Altura y otros proyectos similares intensificarán los conflictos ya existentes y pondrán en riesgo a defensores del territorio.
Por ello, recalcaron la importancia de:
- Articular redes de apoyo
- Documentar los patrones de violencia
- Exigir una regulación efectiva que ponga al centro la vida comunitaria y el respeto a los derechos humanos
/Juan Manuel Contreras