Deudores alimentarios
Recién se dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la constitucionalidad del registro de deudores alimentarios morosos del Estado de Yucatán.
Esto luego de un juicio de amparo promovido por un hombre que fue inscrito en dicha lista, sin embargo, la Primera Sala reconoció la constitucionalidad del controvertido registro y su regulación.
El Alto Tribunal consideró que la medida promueve la garantía de salvaguardar el derecho de las niñas, niños, adolescentes y quienes tengan derecho a los alimentos.
Además ayer se dio a conocer que un hombre acusado de no pagar la pensión en favor de su hijo de 12 años de edad, fue vinculado por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, tras la aportación de los documentos de prueba por parte de la Fiscalía General del Estado. Hay quienes comentan que esto muestra que las leyes están ahí para cumplirse y hacerlas cumplir. ¿Será?
Entre mujeres
La alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, declaró que no implementará ningún operativo de seguridad ni instalará vallas en el Palacio Municipal ante posibles acciones durante la llamada Marcha 8M programada para el próximo fin de semana.
En su ya tradicional conferencia mañanera de cada semana, recordó que ella también ha formado parte de esas marchas y movilizaciones y entiende plenamente los motivos y trasfondos de las demandas de las mujeres que participan en las mismas.
Para la alcaldesa, aún hay motivos de sobra para que las mujeres sigan manifestándose, sobre todo en el tema de la llamada violencia de género, pues aún hay muchos casos de mujeres que son violentadas en sus casas y no solamente en las zonas de mayor pobreza, sino también hay casos que le han reportado en las zonas urbanas de la capital yucateca. ¿Será?
Permisos de carnaval
Comerciantes y empresarios de los diversos municipios del estado han mostrado su molestía debido a que les están realizando a los ayuntamientos cobros de hasta 10 mil pesos para poder darles permisos para que estos autoricen la venta de alcohol durante las fiestas de Carnaval.
Los inconformes acusan que personas que se identifican como inspectores de la Secretaría de Salud de Yucatán se están presentando en las presidencias municipales (incluso morenistas) para cobrar un permiso provisional durante estas fiestas.
Algunos alcaldes afectados cuestionan si este cobro es autorizado por la dependencia o si alguien está haciendo su agosto en pleno carnaval. ¿Será?