Consolidar el Programa de modernización del sistema de transporte público, procurando que todas las rutas se integren al Sistema Metropolitano de Movilidad Amable y Sostenible Va-y-Ven y evitar que el centro de Mérida siga siendo la gran zona de transbordo, son algunos de los principales retos que tendrá la próxima dirección de la Agencia de Transporte de Yucatán.
Tras la renuncia Rafael Hernández Kotasek a ese cargo, será necesario darle continuidad al proceso de modernización de transporte, así como revisar y mejorar el Fondo Estatal para Movilidad, para diversificar y ampliar las fuentes de financiamiento para el transporte público y la movilidad no motorizada, indicó en entrevista para 24 HORAS Yucatán, Eduardo Monsreal Toraya, integrante del Observatorio de Movilidad Urbana Sostenible de Mérida.
Cabe señalar que tras haberse hecho pública la renuncia con carácter de irrevocable del titular la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) y de acuerdo con lo que dispone el artículo 75 sexies, el gobernador del estado, Joaquín Díaz Mena, estará atento a la notificación del Congreso local, para someter a consideración una terna de personas aspirantes a ocupar el cargo de titular de la Agencia de Transporte de Yucatán.
Monsreal Toraya recalcó que el Fondo Estatal para la Movilidad Urbana Sustentable, es un fondo de carácter público y tiene por objeto captar, administrar y aportar recursos que contribuyan a mejorar las condiciones de la infraestructura, seguridad vial y acciones de cultura en materia de movilidad.
Asimismo, consideró necesario continuar con la transición de vehículos de transporte público hacia tecnologías menos contaminantes (autobuses eléctricos e híbridos).
También es necesario crear nuevos esquemas de pago que incentiven el uso del transporte público como pases diarios, semanales o mensuales con viajes ilimitados por día, semana o mes.
Otra recomendación es introducir como parte de las prestaciones laborales de los funcionarios estatales el otorgamiento de vales para emplear en recargas de la tarjeta Va-y-Ven e incentivar más el uso de ese servicio.
Regulación de mototaxis y ciclotaxis
El especialista expuso que otro de los grandes pendientes es atender el tema de la regulación de mototaxis y ciclotaxis, ya que, a pesar de ser reconocidos en la Ley de Movilidad de 2022, quedó inconclusa la elaboración, aprobación y aplicación del Reglamento de la Ley de Movilidad, por lo que quedaron en una suerte de limbo legal.
En ese sentido, se considera pertinente el desarrollo y aplicación de un programa de regularización de ciclotaxis y mototaxis e igual es necesario dar continuidad a la habilitación de infraestructura preferencial para el transporte público.
Temas sin resolver
Algunos de los temas sin resolver es la reducción de las demoras de viaje debido a problemas de congestión vial, para ello debe analizarse la implementación de varias medidas para agilizar los tiempos que van desde la habilitación de carriles preferenciales o exclusivos en tramos cercanos a intersecciones conflictivas.
También la creación de rutas troncales que atraviesan la ciudad de Mérida de un extremo a otro sin que tengan que pasar por el Centro, así como la implementación de rutas exprés en los circuitos Colonias y Metropolitano, considerando para ese tipo de rutas el rediseño de algunos derroteros.
Sobre ese punto, el ingeniero en tránsito y auditor vial, René Flores Ayora, expuso que el centro de Mérida sigue siendo la ruta de trasbordo más grande del estado, ante la falta de opciones y rutas troncales.
“Aunque mucha gente ya no quiere ir al centro pues su destino es otro diferente, no tiene más opción que llegar a ese punto lo que implica un gasto en tiempo y dinero en el caso del usuario e implica un gran costo en la movilidad por los cientos de camiones que tienen que seguir transitando por esa zona”, precisó el especialista.
Por ello, urge una reingeniería del Transporte, crear rutas diametrales de Norte a Sur y de Oriente a Poniente, nuevas rutas alimentadoras que "alimenten" a los corredores naturales del transporte como la Avenida Aviación, Avenida Correa Rachó, la Avenida Yucatán, la calle 60, entre otras.
Actualmente, continuó, el 98% de las rutas son radiales es decir que van del centro al barrio y del barrio al centro, por lo que todavía hay mucho por hacer en ese tema.
De igual forma, es urgente aplicar el ISO 39001 Sistema de Gestión de la Seguridad vial en el transporte público del estado
La Norma ISO 39001 de Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial, de aplicación para entidades públicas y privadas que interactúan con el sistema vial, es una herramienta que permite ayudar a las organizaciones a reducir, y en última instancia, eliminar la incidencia y riesgo de las muertes y heridas graves derivadas de los accidentes de tráfico.
El IE-TRAM
Sobre el sistema de transporte 100% eléctrico Ie-Tram los entrevistados coincidieron que su creación respondió más a un asunto político que práctico.
Monsreal Toraya subrayó que el Ie-Tram, al igual que el Tren Ligero de Campeche (que en realidad es un autobús de tránsito rápido tipo ART), fue concebido como un proyecto de conexión entre las estaciones del Tren Maya con diversos polos turísticos como el Parque La Plancha, el Centro Histórico, y las zonas hoteleras de Paseo de Montejo y Siglo XXI.
“Si bien es cierto que la administración estatal trato de darle un toque de pertenencia social al incluir ramales a los centros urbanos de Kanasín y Umán o extender las rutas a centros educativos como el Campus de Ciencias Exactas de la UADY, la realidad es que obedece más a fines turísticos y políticos (el Tren Maya) que a demandas reales de origen y destino”, precisó.
Por su lado, Flores Ayora lo calificó con un enorme gasto innecesario que se debió utilizar para la modernización y ampliación del sistema público de transporte, además de que es evidente que respondió más a un tema político que está resultando demasiado costoso y que hasta ahora se observa con una muy baja ocupación.
La inversión total en el proyecto del Ie-Tram fue de dos mil 820 millones de pesos. El financiamiento se repartió de la siguiente manera: el Gobierno del Estado aportó el 61%, el Gobierno federal el 23% y la iniciativa privada aportó el 16%.