En un fallo histórico que marca un precedente en la defensa de los derechos de la naturaleza, la Jueza Cuarta de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región otorgó un amparo en favor de representantes de los pueblos mayas.
La sentencia reconoce el valor ecológico y cultural de las abejas y condena las omisiones de autoridades federales y estatales que han permitido su muerte masiva debido al uso indiscriminado de agroquímicos y la deforestación.
Tras 15 años de lucha, se logró una resolución histórica que reconoce a las abejas como sujetos de derecho, un paso que subraya su importancia no solo económica, sino también ecosistémica y cultural.
El abogado Jorge Fernández Mendiburu destacó que estos polinizadores son esenciales para el equilibrio ambiental y que su protección también implica salvaguardar las prácticas ancestrales de apicultura de las comunidades mayas.
Este reconocimiento permitirá que las comunidades mayas exijan medidas efectivas para proteger a las abejas y su entorno. La resolución vincula a dependencias como Sader, Semarnat, Cofepris y Profepa, entre otras, que deberán implementar acciones para combatir la crisis ambiental, incluyendo la prohibición de agrotóxicos peligrosos, el cumplimiento de restricciones sobre el glifosato y la eliminación de fumigaciones aéreas.
También se promoverá la restauración de ecosistemas mediante corredores biológicos y se sancionarán las actividades de deforestación ilegal. El fallo también reconoce a las comunidades mayas como guardianas de las abejas, resaltando su vínculo ancestral con estos polinizadores, fundamentales para la biodiversidad y la seguridad alimentaria en la región.
El juicio de amparo, presentado el 19 de mayo de 2023 por la Alianza Maya por las Abejas Kaabnalo’on, denunció violaciones a los derechos colectivos de los pueblos mayas y los derechos de las abejas como seres esenciales para la biodiversidad.
Esta victoria legal no sólo visibiliza el impacto de la crisis ambiental en la Península de Yucatán, sino que también exige la protección de los polinizadores frente a megaproyectos y modelos agrícolas insostenibles.
Leydy Araceli Pech Martín, apicultora maya y activista ambiental, destacó que esta lucha, iniciada en 2012, ha sido una batalla constante contra la indiferencia gubernamental.
“Cada día mueren abejas por los plaguicidas y la destrucción de los ecosistemas. Este fallo no es solo una victoria para los apicultores, sino para la vida misma. Sin abejas, el equilibrio ambiental está en riesgo”, advirtió.
En tanto, Marco Ku, defensor de las abejas en Tizimín, narró cómo las comunidades mayas han enfrentado pérdidas devastadoras.
“Desde 2018 hemos documentado la muerte de miles de colmenas. Esto no solo afecta nuestra actividad económica, sino que pone en peligro la producción de alimentos y la biodiversidad. Este fallo nos da esperanza, pero también refuerza nuestra lucha por protegerlas”, sentenció.
Jaime González Tolentino, investigador de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), detalló que entre 2020 y 2023 se registraron más de seis mil colmenas muertas en localidades peninsulares.
Estas pérdidas representan un impacto económico de 13 millones de pesos y subrayan la urgencia de detener la deforestación y el uso de agrotóxicos como el fipronil y el glifosato, principales responsables de la crisis.
Para las y los activistas, la sentencia abre una nueva era en la defensa de los derechos de la naturaleza, al reconocer a las abejas como elementos imprescindibles en la conservación de los ecosistemas. Sin embargo, saben que el camino es largo.
“Necesitamos acciones concretas para frenar los plaguicidas y la deforestación. No podemos permitir que las abejas sean olvidadas en las agendas ambientales”, exhortó finalmente Pech Martín.