El informe preliminar “ElectoAlerta DH: Monitoreo del Proceso Electoral 2023-2024 en Yucatán“, elaborado por el Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi A.C.), destaca las serias dificultades que enfrentan las víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género (VPcMRG) para denunciar y seguir adelante con los procedimientos legales.
Entre los obstáculos mencionados se encuentran la carga adicional de gestionar estas denuncias junto a sus campañas, el temor a represalias y el impacto negativo en sus carreras y familias, lo que lleva a que muchas víctimas desistan de continuar con los procedimientos.
Asimismo, el informe revela que en el proceso electoral 2023-2024 en Yucatán se han registrado 584 candidaturas para diputaciones, presidencias municipales y gubernaturas, de las cuales el 47% corresponden a mujeres, reflejando una creciente participación femenina en espacios públicos y políticos.
Sin embargo, esta participación enfrenta desafíos significativos, como la falta de denuncia de la violencia política de género durante las campañas, la escasa información sobre cómo denunciar y los problemas en los juicios para la protección de los derechos político-electorales (JDC).
Además, el informe destaca los desafíos en la autoadscripción indígena y la aplicación de acciones afirmativas, señalando que los requisitos legales pueden “etiquetar” a las personas indígenas sin considerar su diversidad.
También resalta la falta de difusión sobre las regulaciones de acciones afirmativas indígenas, lo que dificulta su comprensión y reconocimiento. Por otro lado, se menciona que la efectividad de la Ley 3 de 3 ha enfrentado obstáculos debido a la dependencia de que las sentencias judiciales expresen explícitamente la inclusión de los declarados culpables en el listado nacional.
Aunado a esto, la falta de actualización del registro nacional de deudores alimentarios plantea un desafío adicional para verificar el estatus de las personas que se postulan como candidatos a cargos públicos.
El informe subraya la necesidad de mejorar la aplicación de las acciones afirmativas para las candidaturas indígenas en Yucatán mediante una mayor coordinación entre las autoridades, una difusión más amplia de los parámetros de aplicación y un proceso legislativo que establezca claramente los requisitos para la autoadscripción indígena, garantizando así una representación justa y efectiva de las comunidades indígenas en el proceso electoral.
Abraham Bote Tun