A nombre de un grupo senadores de oposición, la vice coordinadora de Acción Nacional (PAN) en el Senado, Kenia López Rabadán, envió este miércoles a la Secretaría General una demandad de juicio político en contra del ministro en retiro, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
La solicitud indica que durante el tiempo que lleva la actual administración federal, Zaldívar resolvió temas a modo, ya que votó a favor de los intereses del Gobierno como fue la discusión de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes, la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, entre otros.
“Mención aparte merece el hecho de que el 15 de abril de 2021, trató mediante un albazo legislativo y una reforma inconstitucional, prorrogar su duración como Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, señala el documento entregado en San Lázaro.
La demanda de juicio se basa en los datos aportados por la denuncia anónima según la cual habría cometido diversos delitos siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para resolver temas a favor de los intereses del Gobierno Federal.
En la demanda, se señalan casos específicos en los que existió presión del expresidente del Consejo de la Judicatura Federal, tales como, las impugnaciones a la Ley de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la cancelación del aeropuerto de Texcoco.
Del mismo modo, se abunda en el documento, se da cuenta que, bajo su presidencia, hubo desvío de recursos públicos, así como encubrimiento de denuncias de acoso sexual y de género contra el Secretario General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura.
Los hechos descritos, expone la demanda, “actualizan las hipótesis normativas necesarias para proceder en contra de Zaldívar Lelo de Larrea para que sea condenado por violar los preceptos constitucionales, atacar las instituciones democráticas, atentar contra la forma de gobierno republicana, representativa y federal, violar los derechos humanos y trastocar el funcionamiento normal de nuestras instituciones”.
Por tanto, los senadores solicitaron a la Cámara de Diputados se erija como órgano instructor y de acusación, para remitir, en el momento procesal oportuno, al Senado de la República como jurado de sentencia, acusación contra Zaldívar, “a efecto de que sea sancionado con la inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público”.
La demanda retomó lo establecido en el Artículo 114 de la Constitución, el cual señala que el juicio político es procedente para cualquier servidor público que se encuentre en el ejercicio de sus funciones o dentro del plazo de un año después de haber ejercido el cargo.