Durante los últimos tres años, Yucatán ha sido una de las entidades federativas con eventos de agresión contra personas y comunidades defensoras de derechos ambientales en México, según datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA).
En el 2021, se reportaron 10 eventos de agresión en el estado, cifra que se mantuvo constante en el 2022 y el 2023.
Aunque Yucatán no figura entre las entidades con el mayor número de eventos de agresión, la persistencia de esta violencia en la región es motivo de preocupación.
Este análisis también revela que entidades como Oaxaca, Jalisco y Ciudad de México encabezan la lista de estados con mayor incidencia de eventos de agresión en los últimos tres años.
Sin embargo, la presencia de Yucatán en este contexto resalta la necesidad de abordar y prevenir la violencia contra los defensores ambientales en la región, así como de fortalecer las medidas de protección y garantizar un entorno seguro para quienes ejercen esta labor en el estado.
Yucatán ocupó el lugar 22 con más agresiones durante el 2023
Yucatán es de los estados del país que registró más agresiones en contra de defensores ambientales, durante el 2023, según reveló el Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales que elabora el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA).
De acuerdo con el informe, el estado ocupa el lugar 22: durante el año pasado, se documentaron 25 agresiones hacia personas y comunidades defensoras ambientales; y otros 7 “eventos de agresiones”.
Los eventos de agresiones, según se detalla la investigación, corresponden a los hechos donde, en un lapso determinado, pueden suceder diversas agresiones específicas.
Durante 2023, dentro de los 123 eventos de agresión registrados, ocurrieron 282 agresiones, siendo las más frecuentes las amenazas, la intimidación, las agresiones físicas, la criminalización, el hostigamiento y, desafortunadamente, el homicidio. Durante el año 2023 ocurrieron 20 agresiones letales, 19 de las cuales se catalogan como homicidio y una como probable ejecución extrajudicial.
En Yucatán, Guerrero y Quintana Roo, las personas y comunidades defensoras del territorio enfrentaron un total de 7 eventos de agresión cada una durante el período analizado, sumando un total de 56 agresiones específicas.
En estas entidades federativas, se reportaron 9 agresiones letales, incluyendo 8 casos de homicidio y uno de probable ejecución extrajudicial. Entre las agresiones no letales más comunes se encuentran la agresión física, la criminalización, las amenazas e intimidación, cada una con 5, 4 y 3 casos respectivamente.
Este alarmante aumento en la violencia contra las personas y comunidades defensoras del territorio en estas regiones resalta la urgente necesidad de tomar medidas para proteger sus derechos y garantizar su seguridad mientras realizan su importante labor en la protección del medio ambiente y los recursos naturales.
El año 2023 marcó un alarmante incremento en los eventos de agresión contra personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, según el Informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA).
Durante este periodo, se documentaron un total de 123 eventos de agresión, que incluyeron 282 agresiones específicas. Entre ellas, se registraron lamentablemente 20 agresiones letales, donde 19 fueron catalogadas como homicidio y una como probable ejecución extrajudicial.
Michoacán fue el estado con el mayor número de asesinatos de defensores ambientales, con un total de 7, seguido de Guerrero con 6. Oaxaca y el Estado de México reportaron 2 casos cada uno, mientras que Hidalgo, Sonora y Jalisco registraron un asesinato cada uno.
Por sectores, la minería fue el más peligroso con 30 eventos de agresión, seguido por las vías de comunicación con 18 casos y el sector forestal con 13. En particular, los megaproyectos de habilitación de vías férreas, como el “Tren Maya” y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, fueron responsables de muchos de estos incidentes.
Alrededor del 57.7% de las agresiones fueron dirigidas hacia personas pertenecientes a comunidades indígenas, con los pueblos nahuas siendo los más afectados. En cuanto a los agentes agresores, el gobierno fue identificado como el principal perpetrador en 61 eventos, seguido por la delincuencia organizada con 37 casos.
El informe también destaca la necesidad de proteger a las personas y comunidades defensoras, así como de garantizar un entorno seguro para su labor. Se hacen llamados al Estado mexicano para que tome medidas concretas en cumplimiento del Acuerdo de Escazú, incluyendo el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.
En un contexto donde la violencia contra defensores ambientales está en aumento, el informe del CEMDA subraya la urgencia de abordar este problema y tomar acciones concretas para proteger a aquellos que trabajan incansablemente por la protección del medio ambiente y los derechos humanos en México.