De eliminarse la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO) quedarían en libertad 67 mil 877 presuntos delincuentes, la mayoría presuntos homicidas, secuestradores y violadores.
Señaló Luisa María Alcalde titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) al presentar los argumentos de la Federación para pedirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no eliminar dicha figura jurídica.
En su participación en la Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) Alcalde Luján dijo que:
“De entrada señalamos que esta decisión impactaría a la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy”.
• De los cuales, 35 mil 341 se dividen de la siguiente manera
• Presuntos homicidas, 11 mil 640
• Presuntos secuestradores, 7 mil 150
• Presuntos violadores, 5 mil 617
• Presuntos narcotraficantes, 4 mil 13
• Presunta portación de armas y explosivos, 3 mil 800
• Presuntos feminicidas, mil 273
• Por presunto abuso infantil y corrupción de menores, mil 273
• Presunta delincuencia organizada, 405
Y ante el proyecto que pretende analizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para eliminar la PPO del Artículo 19 de la Constitución, la funcionaria federal refirió:
“Creemos que la Suprema Corte no solo se excede en sus facultades, sino que pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa para la paz y seguridad de nuestro país”.
A la par de justificar su defensa de la medida cautelar con base en la cantidad de personas que están bajo ella, como es el caso del Estado de México (21 mil 718) debido a que –según su dicho-:
“El número es tan alto –precisamente- porque la problemática está vinculada a la enorme tardanza de los propios jueces y de la cantidad de recursos y amparos que hacen que todos estos procesos duren mucho tiempo en resolverse”.
Y de ahí urgió a que sea el Poder Judicial el que “ataque” el asunto, ante la tardanza en los procesos, además de que advirtió que de avanzar el proyecto:
“La liberación de estas personas pondría en riesgo, primero, a los testigos y a las víctimas que son las personas que los han acusado, por supuesto, al personal, desde policías, personal de la fiscalía, los propios juzgadores”.
Defensa a ultranza
A lo largo de su administración, el presidente López Obrador se ha mantenido a favor de la PPO, en particular en delitos relacionados con la corrupción, como era el contrabando, la defraudación fiscal y lo relacionado con los comprobantes fiscales falsos (factureros).
Pese a ello, en 2022 el Supremo Mexicano eliminó los delitos antes mencionados, tras lo cual, López Obrador dijo en una Mañanera:
“Imagínense, los ministros protegiendo a defraudadores fiscales y a factureros, aunque digan lo que digan…es proteger a delincuentes a los de arriba, los potentados, delincuencia de cuello blanco. Ayer fue un mal día para el Poder Judicial. Ayer sí, suprema corte del derecho, si acaso, pero no de justicia”.
Lo anterior, pese a que el entonces el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar explicó que la prisión preventiva oficia se trataba de “una condena sin sentencia” y que afecta más a los pobres, quienes carecen de una defensa de calidad.
Pese a esto, el 5 de febrero López Obrador presentó en Palacio Nacional su último paquete de reformas constitucionales, una de las cuales busca que se vuelva a aplicar dicha medida cautelar en los delitos de “cuello blanco” y ampliar el catálogo al narcomenudeo.