De acuerdo a la asociación civil KANAN, en la península de Yucatán, un panorama alarmante se cierne sobre las poblaciones, especialmente las comunidades indígenas, debido al avance descontrolado de industrias extractivas que han desencadenado la pérdida de cobertura forestal y la degradación ambiental.
Según el informe “Extractivismo y cambios de uso de suelo en la península de Yucatán“, megagranjas de cerdos, plantas de energías renovables y la agroindustria han sido identificadas como las principales causantes de esta problemática que arremete contra los medios de vida comunitarios y los sistemas ambientales de la región.
Los municipios de Hopelchén y Candelaria en Campeche, así como Bacalar, Othón P. Blanco y Benito Juárez en Quintana Roo, junto con los municipios circundantes a la ciudad de Mérida en Yucatán, han emergido como los focos rojos de la deforestación, según datos recientes que señalan una pérdida de hasta 80 mil hectáreas de cobertura forestal.
En este contexto, el informe busca evidenciar un sistema capitalista que prioriza el desarrollo económico empresarial por encima de los modos de vida de las comunidades indígenas.
Las industrias extractivas, aseguran, en su mayoría, operan sin la autorización correspondiente para el cambio de uso del suelo, causando daños socioambientales graves, que incluyen deforestación, contaminación y otras afectaciones.
La legislación mexicana, en muchos casos, ha sido interpretada y aplicada de manera flexible para facilitar el proceso de adquisición de permisos de desmonte, favoreciendo a estas industrias en detrimento de la conservación ambiental y del patrimonio biocultural de la región.
Según otro informe de la organización ambientalista Greenpeace, se han identificado 257 granjas porcícolas en la península, principalmente en Yucatán, donde solo una minoría cuenta con manifestación de impacto ambiental. Esto sugiere que la gran mayoría de estos establecimientos operan en la ilegalidad y sin evaluar sus efectos ambientales negativos.
Ante esta situación, las comunidades afectadas exigen una revisión urgente de las políticas públicas que regulan estas industrias extractivas, así como una mayor participación y consulta a los pueblos indígenas, quienes son los más afectados por estas prácticas.
La defensa del medio ambiente y de los derechos de las comunidades indígenas, sentencia el documento, se erige como una prioridad para garantizar un desarrollo sostenible y equitativo en la región de la península de Yucatán.
24 Horas Yucatán