Denuncia SITUAM despidos irregulares por supuesta violencia de género
Denuncia SITUAM despidos irregulares por supuesta violencia de género

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) protege a acosadores y acusa a trabajadores y profesores de ejercer violencia de género, denunció el Sindicato Independiente de Trabajadores de la universidad (SITUAM).

Denuncia SITUAM despidos irregulares por supuesta violencia de género

En conferencia de prensa, representantes del sindicato denunciaron un uso político de sanciones por presunta violencia de género contra académicos y administrativos de amplia trayectoria que cuestionan la operación y el destino de recursos en la universidad.

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“Este uso arbitrario y abusivo por parte de la administración universitaria no solo violenta los derechos humanos laborales, también pervierte y desprestigia esta lucha. Si alguien debe estar ofendida con esto somos las mujeres”, señaló el SITUAM.

En su informe, representantes del sindicato externaron su preocupación ante el aumento de actas administrativas por este tipo de violencia, sin un protocolo establecido para su resolución.

Lo anterior, señalaron, al pasar de un promedio de 4 actas administrativas por bimestre a 7 u 8 por semana, siendo Azcapotzalco y Xochimilco, las unidades con más actas.

“Para el SITUAM, el incremento significativo de levantamiento de actas y de recesiones de trabajadores de base, académicos y administrativos, por violencia de género ejemplifica la ausencia de un protocolo de procedimientos que garantice los Derechos Humanos”, señaló el sindicato.

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En este sentido, detalló que en la UAM se cuenta con al menos 45 actas administrativas por violencia de género, de las cuales 10 terminaron en recesión de contrato.

“Debido a la falta de procesos claros y homogéneos para atender las quejas por violencia de género, los casos son revisados de forma diferenciada, expuestos a una arbitrariedad preocupante”, denunció el sindicato.

El SITUAM resaltó la necesidad de que aquellas denuncias por violencia de género deben ser atendidas y seguidas por la Fiscalía.

“La administración de la universidad ha actuado de manera punitiva con un protocolo donde actúa como ministerio público y como una Fiscalía”, señaló el sindicato.

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