Debido a omisiones en sus tareas, ahora el Congreso de Yucatán está obligado a legislar en materia de desaparición forzada, determinó el Juzgado Tercero de Distrito del Poder Judicial de la Federación, tras emitir un fallo a favor del amparo que presentó la ciudadana Wuendi Araceli Durán Monforte.
Así pues, el Poder Legislativo contará con 180 días hábiles para armonizar la ley estatal con la emitida a nivel general.
“Deberá cumplir con la obligación establecida en el artículo noveno transitorio del Decreto por el que se crea la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas…”, dicta el expediente 529/2023.
ANTECEDENTE
Durán Monforte recordó que el pasado 28 de marzo presentó un juicio de amparo indirecto en contra del Congreso local por haber incurrido en omisión legislativa en materia de desaparición forzada de personas.
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Esta acción derivó del caso que vivió, con su familia ya que tuvieron que esperar más de 10 años para recuperar los restos de su madre y hermana asesinadas y desaparecidas en Tekax, en 2013, luego de una serie de actos de negligencia de las autoridades.
Con todo y que el área jurídica del Congreso del Estado negó los hechos reclamados, la parte promovente pudo demostrar que la “omisión legislativa en grado absoluto” afectó a las víctimas, ya que se ha frenado la formación de instituciones especializadas en el registro y búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas.
ARGUMENTO
La jueza Karla Alexandra Domínguez Aguilar refirió a que las disposiciones constitucionales afectadas por la falta de reglamentación son el principio de legalidad y el derecho a la seguridad jurídica. Con dicha armonización pretenden establecer el procedimiento de declaración especial de ausencia.
El artículo noveno transitorio de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, promulgada el 17 de noviembre de 2017, señalaba un plazo de 80 días para la armonización del marco normativo en los estados; sin embargo, en el caso de Yucatán no se ha emitido ningún decreto al respecto.
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