yucatan
Pide AMPI marco normativo para la seguridad de clientes

En la entidad se tiene un estimado de que poco más de 5 mil personas se dedican al sector inmobiliario, es decir, son agentes que trabajan en la comercialización de propiedades, sin embargo, únicamente el 10% de este personal opera en la formalidad, así lo dio a conocer el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Yucatán, Enrique Trava Griffin.

El dirigente de la AMPI en el estado detalló que solo en la capital yucateca, esta asociación cuenta con 174 empresas inmobiliarias, para la que trabajan 550 agentes profesionales de ese ramo, no obstante, se calcula que poco más de 5 mil personas se dedican a esta actividad,

“Existen arriba de 5 mil personas dedicándose a la intermediación inmobiliaria y alrededor del 10% pertenecen a AMPI, por lo que el resto son del comercio informal”, explicó.

El empresario comentó que estas 550 personas que se encuentran adheridas a la AMPI, cuentan con una certificación federal para dar asesoría y comercialización de bienes inmuebles, versus la gran mayoría que se ocupan en esta actividad, pero que no están dentro del marco de la formalidad.

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Ante este panorama, la AMPI solicitó al gobierno del estado que impulse un marco normativo, el cual garantice a los potenciales clientes que la persona que lo atiende es un profesional certificado, el cual comercializa lo que será el patrimonio de una familia.

Detalló que a través de lo que han llamado la Ley Estatal de Servicios de Intermediación Inmobiliaria de Yucatán, buscan que los asesores inmobiliarios puedan acceder a una licencia que dé certeza de la profesionalización de los bienes raíces.

Indicó que con este marco normativo que la AMPI está proponiendo no solo se garantizará la formalidad de los asesores inmobiliarios, sino también la iniciativa contempla capacitación constante de este personal.

Fue el presidente nacional de esta asociación civil, Ignacio Lacunza Magaña quien dijo que hay que frenar la proliferación de “agentes improvisados y poco éticos”, dándole al Poder Ejecutivo local la rectoría de los profesionales del sector inmobiliario, a través de un registro.

“Hay que combatir la mafia inmobiliaria desarticulando todas sus piezas, incluidos los vendedores informales”, finalizó.

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