La organización Uniendo Caminos México alista una ola de al menos mil amparos contra el Plan B de la reforma electoral, provenientes de empleados del Instituto Nacional Electoral (INE), representantes de pueblos indígenas y ciudadanos, entre otros.
En entrevista con 24 HORAS, Joan Ochoa Sada, abogado de la organización, destacó que su trabajo para ingresar los amparos no tiene costo, pero los empleados del INE que se han acercado, así como otras personas, sí deben cubrir los gastos logísticos y técnicos.
A la fecha, dijo, ya enviaron un paquete con los primeros 10 amparos, por lo que esperan que en los próximos días se resuelvan y su objetivo es que se otorgue la suspensión provisional contra el Plan B y su aplicación en todo el país.
“Lo que esto va a ganar es tiempo para que los efectos de la ley no se apliquen a ciudadanos, trabajadores del INE y pueblos originarios”, indicó.
En el caso de los pueblos indígenas del país, señaló que se violó el Artículo 2 de la Constitución, que obliga a consultarlos, previo a aprobar una ley y que entre en vigor.
Los trabajadores del instituto electoral también serán afectados con la reestructura de las Juntas Locales y Distritales, por lo que se han acercado a la organización para incluirlos en los amparos contra el Plan B, que entró en vigencia la semana pasada.
Respecto al futuro de la reforma electoral, el experto señaló que uno de los escenarios es que la Suprema Corte ni siquiera entre al fondo del análisis del Plan B y que la reforma electoral sea invalidada por las irregularidades en su proceso legislativo.