Habitantes de la comunidad de Sitilpech condicionaron su presencia en una mesa de diálogo, para tratar el tema de las granjas porcícolas, al retiro de los cerdos de las instalaciones de la empresa.
Mediante un comunicado, los afectados señalaron que el 28 de febrero recibieron una invitación de Productos Pecuarios para Consumo SPR de RL de CV, donde se plantearía “establecer acuerdos que permitan la cordial relación entre las empresas, los pobladores de Sitilpech y las autoridades”, según indica la convocatoria.
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Sin embargo, los pobladores de la comunidad maya argumentaron que no se están respetando las normas que los rigen, ya que desde el pasado 22 de febrero se declaró como “Pueblo libre de Megagranjas Porcícolas”.
Rechazan habitantes de Sitilpech diálogo con empresa
“Una vez cumplido dicho acuerdo, podríamos empezar a planear una mesa de diálogo entre las partes”, advirtieron.
Los pobladores afirmaron que dicha declaratoria se tomó en pleno uso de sus derechos a la autonomía y libre determinación, “frente al despojo, la violencia y desprestigio”.
Recordaron también que el 22 de febrero, elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se presentaron a amedrentarlos.
Pese a ello, acordaron el ingreso de transportes con alimentos y combustible para la fábrica, con el acuerdo de que, a más tardar el 1 de marzo, serían desalojados los cerdos de las instalaciones, situación que denuncian, aún no se ha cumplido.
Agregaron que este posicionamiento es contra toda empresa, proyecto o autoridad que quiera entrar a su territorio a costa de su salud y de sus propias reglas. Además, enunciaron las formas con las que, en caso de existir condiciones, pueden recurrir al diálogo, las cuales no ha cumplido la empresa porcícola.
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Además, señalaron que no permitirán el ingreso de otro megaproyecto en la zona, sobre todo cuando no se haya entablado un diálogo previo con el pueblo.
Indicaron que, por medio de acuerdo interno, la comunidad maya estableció los lineamientos para que las autoridades y empresas consulten y, en su caso, soliciten el consentimiento para la instalación de cualquier proyecto en su territorio.
Entre los puntos, exigen el respeto a realizar la convocatoria con un mes de anticipación, iniciar sesiones informativas en maya y español, así como una política de cero tolerancia ante actos de asistencialismo a cambio del voto favorable a empresas o estado. “En el momento que se conozca sobre algo parecido, la consulta se cancela inmediatamente y se rechaza el proyecto”, indicaron