Con el objetivo de lograr que el Presupuesto de Egresos 2023 contemple recursos para la comunidad LGBTIQ+, el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (CPTFY) y la organización Amicus interpusieron una demanda de amparo.
Fue el pasado 10 de febrero cuando efectuaron la solicitud respecto al presupuesto del Gobierno de Yucatán y del Congreso del Estado, ya que argumentaron que incumple con una partida a favor de la población LGBTQ+ para este año.
En rueda de prensa, Juan Pablo Delgado, representante de Amicus, y Alex Orué, del CPTFY, informaron de esta acción se realiza de forma simultánea en otras entidades como Estado de México, Querétaro, Veracruz y San Luis Potosí.
En Guanajuato ganaron un amparo similar, por lo que, producto de la resolución, las autoridades asignaron recursos para este segmento de la población.
Comentaron que la falta de una partida presupuestal, en el caso de Yucatán, impide crear políticas públicas o llevar a cabo acciones para atender, restituir y garantizar los derechos de la población LGBTIQ+, además de que no hay ninguna política pública que atienda sus necesidades o prevenir temas de discriminación.
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El amparo se presentó en el Juzgado Quinto de Distrito y quedó asentado en el expediente 226/2023 y la solicitud es que se haga una reestructuración del presupuesto y se asigne una partida presupuestal para la población en cuestión.
Juan Pablo Delgado recordó que en Guanajuato presentaron un amparo con las mismas características y se ganó, por lo que recién el Gobierno debió modificar su presupuesto y asignó 13 millones de pesos a la materia, además de que a mitad del año se complementará esta cifra.
“Ahora hay una dinámica interesante en la población y a partir de esta resolución otros sectores han empezado a demandar un presupuesto para sus necesidades, como es el caso del tema de movilidad”, comentó.
De ganarse los alegatos, seis entidades lograrían modificar su presupuesto.
El activista concluyó que contar con el presupuesto en cuestión permite que se lleven a cabo acciones para garantizar los derechos de esta población, las cuales no hay en el caso de Yucatán, como en el caso de echar andar instancias de atención a la discriminación, a la salud, fiscalías especializadas, así como para garantizar los derechos sociales y otros.
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