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Rescatan 50 animales de accidentes y delitos

Alrededor de 50 animales han sido rescatados desde 2022 por parte de dependencias federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), informó Arturo Antuña Silveira, titular de la Dirección de Servicios Generales del Ayuntamiento de Mérida.

Explicó que trabajan de manera coordinada con los zoológicos de Mérida, el Centenario y Animaya, ya que reciben los ejemplares rescatados, donde les brindan atención y posteriormente gestionan la liberación.

Indicó que generalmente los animales son llevados a estos recintos porque son víctimas de accidentes o porque eran objeto de tráfico de especies y fueron incautados en el aeropuerto o centrales de autobuses.

ÚLTIMO CASO

Recordó que el más reciente caso, ocurrido el pasado fin de semana, se trata del rescate de un búho blanco o fantasma, que al parecer sufrió un accidente en Progreso.

“Estuvimos en coordinación con las autoridades federales para recuperarlo y ahora está bajo cuidado de los médicos de Animaya”, explicó el funcionario.

“Se le recibió, le hicieron radiografías, revisiones del estado en que se encontraba; su condición es delicada, pero está en observación y cuidado constante”, detalló.

 

Apuntó que todo indica que se trató de un accidente porque el animal llegó deshidratado y con algunos golpes, por lo que decidieron darle tratamiento clínico completo. Una vez que logren la recuperación del ejemplar, será liberado.

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“Si el estado de salud mejora y recupera su movilidad, se le devuelve a su estado salvaje, se programa una liberación en un espacio alejado de la ciudad”, recalcó.

“Hemos recibido unos 50 animales en el último año, loros, monos, flamencos, tortugas. Por ejemplo, también venados que se han accidentado por siniestros de tránsito y se les da tratamiento y, de ser el caso, para su posterior liberación”, concluyó.

PROTECCIÓN

La Profepa es un órgano adscrito a la Semarnat pero con autonomía técnica y operativa. Su tarea principal es incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental, a fin de contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en la materia.

También busca la protección de los recursos naturales al enfocarse en estrategias preventivas en vez de correctivas, así como acciones de participación social.

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