Hace unos días se dio a conocer el inicio de operaciones en Mérida del servicio ce transporte “Uber Moto”, a través de la misma plataforma por la que se solicitan autos y se ofrece, además, como una opción ágil y económica.
Sin embargo, el Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida expuso que esta opción para desplazarse por la ciudad trae consigo varios problemas, riesgos, y, además, está fuera de la normatividad aplicable a los transportes que se prestan a través de plataforma tecnológica.
Señala la agrupación que, en primera instancia, se trata de un servicio que no está contemplado explícitamente en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Yucatán, pues no entra en la definición de “Servicio de transporte contratado a través de plataformas tecnológicas de personas pasajeras”.
Lo anterior, porque no es un vehículo de 4 ruedas y tampoco parece catalogarse como “servicio de transporte de personas pasajeras en medios alternativos”, ya que esta modalidad se refiere a microvehículos, como mototaxis y motocarros que, a su vez, se definen como vehículos de 3 ruedas.
Además, este nuevo servicio de Uber Moto representa, señala la agrupación, una competencia desleal al servicio de transporte público de pasajeros y una precarización del servicio de transporte bajo pedido, al exponer a las personas usuarias a las inclemencias del tiempo y, sobre todo, a un mayor riesgo de sufrir lesiones graves y muertes.
Señalan en este sentido que los motociclistas han llegado a representar hasta el 33% de los fallecidos por siniestros viales en el municipio de Mérida.
Agrega que la presencia de esta modalidad de transporte supone un desafío todavía mayor que los mototaxis, ya que las motocicletas son capaces de alcanzar velocidades mucho mayores que las alcanzadas por los mototaxis (arriba de los 40 km/h), y por las dimensiones del vehículo; sus conductores son más propensos a invadir carriles y cometer otras conductas abusivas y de riesgo.
Finalmente, exponen que se trata de un servicio con más perjuicios que beneficios urbanísticos, y al no obedecer a causas de utilidad pública, debe desalentarse su uso en la mayor medida de lo posible.
En caso de ser regulado, apunta, el Gobierno del Estado de Yucatán a través del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial y la futura Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), le deben imponer fuertes restricciones de operación y altas cargas tributarias.
Con información de: 24 Horas Nacional
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