Para Eduardo Monsreal Toraya, analista en Desarrollo Urbano y Movilidad, y representante del Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida (OMSM), la Ley Estatal de Movilidad y Seguridad Vial de Yucatán tiene severas carencias, se enfoca en regular un solo rubro: el sector transporte, y descuida todo lo demás; temas como planeación urbana, sistemas de información, seguridad vial, atención prehospitalaria y medio ambiente se abordan de forma somera o se terminan remitiendo a la Ley General.
Expuso que solo después de doce semanas de haber entrado en vigor la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, Yucatán se convirtió en la primera entidad en aprobar una iniciativa de la materia, armonizando la legislación estatal.
“Pero esto, lejos de considerarse un referente a nivel nacional, ha convertido a Yucatán en un ejemplo de lo que no se debe hacer: un proceso opaco, apresurado, excluyente y sistemáticamente omiso a las peticiones ciudadanas, que concluyó en un instrumento con severas carencias que dejarán a la entidad imposibilitada de garantizar el derecho humano a la movilidad segura”, expuso.
En el texto “Ley Estatal de Movilidad: carencias sustanciales y anti-ejemplo a nivel nacional”; el especialista hace un análisis de la Ley aprobada en Yucatán, en el que expone que el Gobierno del Estado de Yucatán impuso una reforma excesivamente focalizada en el sector transporte, a la medida de los intereses y proyectos de la administración en turno, ignorando o minimizando los demás temas.
“Lo anterior pone de manifiesto que incluso en los gobiernos locales más amigables con la bicicleta y el transporte público se pue- den impulsar legislaciones laxas, incompletas o distorsionadas”, señaló.
En el caso de la Ley, dijo que desde que se revisó la iniciativa enviada por el Ejcutivo del Estado, se observó que no se consideraron las correcciones y aportaciones de la sociedad civil emitidas en las diferentes mesas de trabajo y, peor aún, esta versión incurre en un abuso de remisiones a la Ley General.
Parte de las carencias, dijo, se minimiza el papel de los municipios en el sistema de movilidad. Sin estar involucrados en el tema de las concesiones, las decisiones que toman los municipios impactan indirectamente en el diseño y operación de los servicios de transporte público, tales como la definición de las trazas urbanas y redes viales primarias, cruciales para el transporte público.
Además, expuso que no queda claro el ente gubernamental que asumiría el liderazgo de la planeación, diseño e implementación de las políticas de Seguridad Vial. Se hace referencia a un Comité Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, mismo que no es más que una agrupación de dependencias estatales y que se empalma con las funciones del Consejo Estatal de Tránsito y Vialidad.
También, la creación de la Agencia de Transporte de Yucatán supone un arma de doble filo, dijo, ya que, en aras de contar con un organismo público autónomo enfocado en la planeación, diseño y operación del servicio de transporte público de pasajeros, se desprende totalmente del IMDUT y se corre el riesgo de desvincular el transporte público y el desarrollo urbano.
Mencionó además el Fast Track que se dio en el Congreso del Estado, donde la iniciativa fue aprobada en menos de 3 semanas de haber sido ingresada, con una participación limitada de las organizaciones de la sociedad civil y los especialistas.
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