Se dispara el precio de los alimentos básicos
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Un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) revela que desde el Gobierno de Yucatán no se llevó a cabo ninguna acción para atender pérdida de aprendizajes, tampoco de apoyo socioemocional para los alumnos, ni para revertir el abandono o deserción escolar.

Abandona Gobierno estatal la educación

De acuerdo con el secretario de Educación en el estado, Liborio Vidal Aguilar, unos 30 mil estudiantes abandonaron las aulas en la entidad en el marco de la pandemia del Covid-19.

El análisis se titula “¿La educación es prioridad para todos los estados? Acciones para mitigar los efectos de la pandemia”, en el cual se hace una revisión de las acciones de Gobierno de las 32 entidades del país para el regreso presencial a clases y luego de la pandemia, así como el sistema a distancia que se tuvo por la emergencia sanitaria.

Señala que el 29 de agosto, cerca de 24 millones de niños, niñas y adolescentes regresaron a clases en todo el país, en un contexto educativo que aún resiente los estragos de la pandemia.

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El cierre prolongado de las escuelas profundizó las problemáticas educativas en México. Y aunque se han implementado políticas federales y estatales desde el regreso presencial a las aulas en elciclo escolar 2021-2022, es necesario evaluar los esfuerzos realizados, medir sus resultados
y ejecutar acciones para mitigar el impacto de la pandemia en los y las estudiantes.

Dicho instituto revela que, en el caso del Gobierno del estado de Yucatán, apenas se llevaron a cabo acciones para capacitar a maestros y también para la adecuación y remozamiento de las escuelas y demás espacios educativos que se vieron afectados por estar cerrados. No obstante, no se registran acciones enfocadas para atender directamente a las y los estudiantes.

La revisión que hizo el instituto fue a través de la información pública disponible en medios electrónicos, a través de páginas y canales oficiales, además de fuentes periodísticas. El análisis es a través de cinco categorías, en las que se evalúa qué tipo de acciones se llevaron a cabo.

Estos indicadores son: Pérdida de aprendizajes a través de clases de recuperación, días destinados a tutorías, entre otras; Apoyo socioemocional entre alumnos de educación básica; Talleres, cursos y capacitaciones para docentes adicionales a los que ofrece la SEP, para la detección de riesgos de salud, de protocolos de higiene; Abandono escolar por medio de programas para detectar la población en riesgo de abandono, o programas de alerta temprana, atención personalizada por parte de autoridades educativas o estrategias de comunicación con tutores.

Por último, Mantenimiento y adecuación de espacios educativos dirigido a la habilitación de planteles educativos.

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Escasas acciones

En el caso de Yucatán solo se registraron acciones en el tema de la capacitación docente y en el mantenimiento y adecuación de escuelas, pero no se registraron acciones o políticas encaminadas a las necesidades de aprendizaje de los alumnos, al apoyo socioemocional o para revertir el abandono de las aulas.

Se expone que entidades como Aguascalientes, Durango, Guanajuato y Jalisco sí implementaron al menos una política en todas las áreas. En contraste, otras entidades como Hidalgo y Nayarit enfocaron sus acciones en una sola área prioritaria.

La mayoría de los estados (24), ejecutaron políticas para atender al menos tres áreas prioritarias, pero en el caso de Yucatán solo atendió dos áreas prioritarias.

La pérdida de aprendizajes, las afectaciones socioemocionales y el abandono escolar no recibieron atención en 13 y 15 estados, dentro de los cuales se encuentra Yucatán.

El IMCO propone las siguientes recomendaciones a las autoridades educativas locales para atender los problemas que la pandemia profundizó:

Priorizar políticas para combatir la pérdida de aprendizajes; promover la salud socioemocional entre los estudiantes; garantizar los recursos y las condiciones necesarias para la implementación de las evaluaciones diagnósticas en las escuelas.

La falta de recursos no debe ser un impedimento para la evaluación; transparentar y difundir las prácticas educativas locales. Para facilitar el acceso a toda la ciudadanía.

 

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