valladolid policías
Ayuntamiento de Valladolid debe liquidación a 3 policías.

La administración municipal de Valladolid que encabeza Alfredo Fernández Arceo no ha pagado la liquidación de tres ex elementos de seguridad pública, quienes presuntamente fueron despedidos de manera injustificada, aseguró el abogado defensor de los afectados, Felipe Guzmán Ruiz.

Empero, el ayuntamiento asegura que, desde que el primer edil asumió la presidencia, no se ha prescindido de ningún servidor público de manera arbitraria ni hay deuda con aquellos que ya no forman parte de la plantilla laboral.

Guzmán Ruiz, refutó la aseveración, pues detalló que el representante jurídico de Fernández Arceo, Edgardo Baeza Castillo, mintió al apuntar que la recisión del contrato de los exagentes fue “por culpa suya” y que si hay algún laudo en proceso es porque los exempleados y su defensor exigen el pago por conceptos sin justificación.

Indicó que la versión oficial del ayuntamiento es que los problemas laborales de este tipo datan de administraciones pasadas y vaticinó que el munícipe dejará pendiente el caso, para que sea el siguiente Gobierno municipal el que lo atraiga.

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El defensor de los extrabajadores reprochó que el primer edil asevera en actos públicos que no hay conflictos con los ex uniformados, pues los laudos pendientes son de fechas anteriores a su gestión. Sin embargo, dos de los tres exservidores fueron despedidos apenas a mediados de este año.

Recordó que el tercer caso se trata de un exelemento que fue despedido en administraciones anteriores y, aunque las autoridades dieron fin al proceso al dictar el pago por el concepto de liquidación, éste aún no se hace efectivo.

El abogado laboral también descartó que los otros dos procesos hayan pasado a manos del Tribunal de Justicia para que sea esta instancia la que dictamine los montos y conceptos por los que se realizarán los pagos a los expolicías, tal como lo indicó el representante jurídico de Fernández Arceo.

Finalmente, la defensa de los afectados apuntó que el caso se trata de un conflicto personal en el que las autoridades vallisoletanas atentan contra los derechos de los trabajadores.

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