El Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán exige a los legisladores emitan una Ley de Aguas y se abrogue la actual Ley de Aguas Nacionales.
En el marco de la celebración de los Pueblos Originarios, activistas e integrantes del Consejo por el Agua de Yucatán, informaron sobre esta solicitud, basada en la vulnerabilidad de los acuíferos de la entidad por la contaminación y la sobre extracción.
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Desde la ciudad de Mérida, dijeron que la amenaza al subsuelo por la extracción sin control proviene de más de 400 megafábricas de cerdos, algunas ubicadas en Áreas Naturales Protegidas (ANP); de industrias cerveceras y refresqueras, así como de empresas inmobiliarias en expansión.
A esto se suma que no se cuenta con una planeación adecuada a las características del territorio y la falta de regulación de este crecimiento desordenado que afecta el acceso a los servicios públicos y vulnera la salud de la población y del medio ambiente.
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Lo anterior se suma a la crisis de agua que se vive en el país de manera sin precedentes, precisó el Consejo. “La escasez de este líquido perjudica a 51 millones de personas: 10 millones de mexicanos no tienen agua y 41 millones tienen acceso irregular. La mayor parte de los municipios del país presenta escasez hídrica y reciben agua que no cumple con los índices de calidad”.
“Se reportan sequías permanentes en el Valle de México, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas y ni que decir de Nuevo León, donde su capital, Monterrey, llegó al día cero”.
Por todas estas situaciones que acontecen a nivel nacional, desde el 24 de enero pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia dirigida al Congreso de la Unión del país, donde los legisladores llevan nueve años de omisión, en desacato constitucional al no emitir una Ley de Aguas que derogue la Ley de Aguas Nacionales actual, señalaron.
Para entender el contexto de lo que se busca con una nueva propuesta de Ley General de Aguas, explicaron, en un esfuerzo sin precedentes se incluyó desde el 2019 y 2020, a través de un foro, la participación de las comunidades originarias, ciudadanos, académicos y ambientalistas.
En este se demandó la abrogación de la actual Ley de Aguas Nacionales, la cual es obsoleta y es la responsable de la pésima situación actual en materia hídrica, como el acaparamiento de las grandes industrias, la poca o nula regulación de las descargas contaminantes, del enfoque mercantil que prevalece sobre el enfoque de derechos humanos, del despojo de territorio y contaminación del agua de los pueblos originarios, detallaron.
A su vez, el Consejo también manifestó que uno de los principales responsables que ha boicoteado la Ley General de Aguas desde su encargo, ha sido el senador por Yucatán, Raúl Paz Alonzo, como presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos.
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“El senador no solo ha sido sordo y ciego a las demandas ciudadanas, sino que con su actuar público, alineado a los intereses económicos, ha contribuido a la agudización de la crisis del agua en nuestro estado y a nivel nacional”, enfatizaron.
Por lo anterior, el Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán solicita a los legisladores de la nación, en especial al senador Paz, quien representa a la entidad y ostenta el cargo de presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos por segunda ocasión, se dé cumplimiento al mandato constitucional del artículo 4ᵒ, que se decretó desde el año 2012: Abrogación de la Ley de Aguas Nacionales actual y sea aprobada la Ley General de Aguas en México.
También, retomar a la brevedad los trabajos de participación ciudadana para esta ley general de aguas.
BELÉN MARTÍN