REDACCIÓN
Con el objetivo de impedir que agresores de mujeres lleguen al poder, legisladores locales aprobaron reformas a la Constitución de Yucatán y a otras leyes en materia de género.
En sesión, el Pleno del Congreso avaló que se sume a la iniciativa ‘3 de 3’ información referente al estatus de los candidatos o servidores públicos en cuanto adeudo de pensión alimentaria o si cuentan con antecedentes de violencia de género.
De manera específica, las reformas aplicaron en la Constitución Política del Estado de Yucatán, Ley de Transparencia y Acceso a La Información Pública, Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley de Partidos Políticos, Ley de la Comisión de Derechos Humanos y Código de la Administración Pública.
“¿Es mucho pedir tener autoridades que no sean agresores?”, refirió la diputada Vida Gómez Herrera, al mencionar que es deber del Poder Legislativo “garantizar en las leyes que los agresores sexuales, los violadores y los deudores alimenticios no lleguen a puestos de poder”.
Gómez Herrera reconoció, frente a feministas que acudieron a la sesión plenaria, que especialistas en el tema redactaron la propuesta de iniciativa ciudadana para evitar que agresores, violadores y deudores alimenticios lleguen al poder.
Además, dijo estos colectivos y ciudadanas “han trabajado incansablemente por socializar esta propuesta, por explicarla, por evidenciar la necesidad urgente que tiene no sólo Yucatán, si no todo el país, de legislar con perspectiva de género”.
La reforma a la iniciativa de transparencia ‘3 de 3’ radica en verificar que el candidato a un cargo de elección popular está libre de antecedentes de deudas alimentarias, acoso sexual y otras agresiones de género, ya que “los representantes y servidores públicos deben respetar los derechos de las mujeres como un acto obligatorio y no voluntario”, argumentó la legisladora Pilar Santos Díaz en su participación.
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Por su parte, la legisladora Carmen González Martínez ratificó que no se permitirá la llegada al poder público a personas “con antecedentes penales en violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, violencia laboral contra las mujeres, violencia obstétrica, violencia por parentesco, violencia institucional, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación o feminicidio, ni ser deudor alimentario moroso”.