Representantes de diversos pueblos mayas de la Península de Yucatán, enviaron una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, para dialogar en el municipio de Homún, sobre la afectación ambiental de las granjas porcinas en esa comunidad.
Los representantes de los pueblos mayas solicitaron al presidente de la república y a la titular de la Semarnat, entablar una mesa de diálogo del 6 al 13 de abril en el pueblo de Homún.
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Los grupos que remitieron la carta a las autoridades federales son: el Comité maya de Homún “Kana’an Ts’onot” (Guardianes de los Cenotes), Consejo Maya del Poniente de Yucatán “Chik´in-já”, Colectivo Cantukún, La Esperanza de Sitilpech, Comité Vecinal de Yaxkukul, Kanan Lu´um Chapab (Defensores de la Tierra) y Misioneros A.C.
En la carta se explica que desde hace seis años se lleva a cabo un proceso de defensa al territorio y al agua de las operaciones de una mega granja que alberga a 49 mil cerdos.
Los defensores de la comunidad maya manifestaron lo siguiente: “Nosotros y otros pueblos que viven los impactos de esa industria queremos entablar una mesa de diálogo sobre las acciones que se deben llevar a cabo para proteger el agua, el medio ambiente, la salud y nuestros derechos como pueblo maya. Esperamos que las autoridades y dependencias además tomen las acciones correspondientes para garantizar nuestros derechos”.
En tres puntos, indicaron que, si bien la porcicultura en el estado de Yucatán se ha consolidado como una actividad económica en los últimos años a nivel nacional, el establecimiento de granjas con miles de cabezas de cerdos tiene múltiples impactos ambientales, violando la autonomía y libre determinación de las comunidades mayas.
Asimismo, se afecta gravemente la tierra, agua, recursos naturales y formas de vida, por lo que han realizado denuncias por diversas vías sobre las afectaciones ambientales, sociales, culturales y territoriales, que la industria a gran escala les ha generado, por lo que, han solicitado a los tres niveles de Gobierno la implementación de medidas normativas y administrativas “que pongan freno a esta actividad y garanticen nuestro derecho a la libre determinación y a un medio ambiente sano”, sin embargo a la fecha siguen sin tener respuestas.
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“Queremos contarle de viva voz las afectaciones que vivimos y las medidas que, en ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación, hemos tomado y que no han sido respetadas por las autoridades de ningún nivel”, señalaron.
Por ello, consideran indispensable la vía del diálogo intercultural horizontal entre los pueblos originarios y las autoridades en turno, de tal manera que la perspectiva de desarrollo regional tome en consideración la mirada y proyecto de vida principalmente de Homún.