El represente del Observatorio Legislativo, Eduardo Galaviz Ibarra, asegura que no hay avance en las denuncias y están detenidos los expedientes. “Todas, incluida la denuncia en contra de la Gran Comisión de Martínez Arcila, permanecen vigentes”, reitera.

“Hemos interpuesto, tanto en esta legislatura como en la pasada, recursos de investigación en la Fiscalía General de la República y en la estatal por el desvío de recursos, mismas que no han caminado”, detalló.

En 2017, el Observatorio denunció diversas irregularidades ocurridas en ese periodo, cuando Martínez Arcila presidía la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, como la supuesta renovación del sistema de audio y de voto electrónico que se realizó mediante un contrato por más de 4 millones de pesos por adjudicación directa, que se le otorgó a un militante del Partido Acción Nacional (PAN) con empresa que no estaba constituida para hacer ese tipo de trabajos; se señalaron los excesivos costos que significaron estas operaciones, pero la denuncia presentada nunca prosperó.

En ese mismo periodo se denunciaron los gastos que por concepto de ayudas sociales se otorgaron de manera irregular a personas ligadas al mismo partido político, denuncia que se presentó ante las fiscalías generales del Estado y Federal y que igualmente, por razones políticas, nunca fueron atendidas.

Confirman ruta de Bogotá a Cancún; ya reanudó Moscú

Goza de total impunidad Eduardo Martínez Arcila

Galaviz Ibarra aseguró que también deberán revisarse los excesos y desviaciones que realizó el anterior presidente de la Jugocopo, Gustavo Miranda; en especial lo relativo a la contratación del servicio de Blockchain, que se dice fue una empresa radicada en

Oaxaca denominada MTZ Especialistas y soluciones Integrales SC, representada por Raúl Martínez Trujillo ubicada en la calle de Ajusco 812 col. Volcanes, por un monto de 4 millones 964 mil pesos mensuales.

“Seguimos esperando que se realice una investigación completa sobre esa contratación y sus motivaciones para su implementación y los resultados que se tienen por el uso de ese servicio”, enfatizó.

“Igualmente seguimos en espera de la petición presentada a la Comisión de Justicia con fecha 21 de mayo del presente año, en la cual se solicitó una investigación sobre los hechos difundidos por un medio nacional respecto al despojo de inmuebles, en donde se mencionan a personas que estaban en diferentes posiciones del Congreso. Esta solicitud se registró mediante el folio 72D69 en escrito dirigido a la diputada presidente de la Comisión, Kira Iris San”, concluyó.