Como si fuera siglos atrás, las cárceles municipales de Yucatán carecen de salubridad y seguridad, además de que las instalaciones se encuentran en condiciones deplorables. Las violaciones a los derechos fundamentales son constantes, ejemplo de esto es que con frecuencia mantienen incomunicados a los detenidos, así lo registran los datos registrados por los visitadores de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, en los 107 penales municipales en su Informe 2021.
Los recorridos y verificaciones realizados entre marzo y octubre del año pasado dejaron en evidencia la mala distribución por falta de espacio y la casi nula separación por género al interior de las celdas. Solo en uno de cada cinco corporaciones policiales se lleva a cabo esa separación por sexo, es decir en 22.
En 87 corporaciones que aseguraron a adolescentes fueron sin las condiciones para su estadía, de hecho se encontraron indicios que no hay motivos de detención, “alegando el personal policiaco entrevistado que esta práctica se realiza a petición de los padres o tutores de las personas menores de edad, lo que representa una violación al derecho de seguridad jurídica de los adolescentes al ser asegurados y privados de su libertad de manera arbitraria y sin un sustento jurídico”, refiere la Codhey.
Los únicos municipios que cuentan con área específica para adolescentes son Secretaría de Seguridad Pública, Peto, Tizimín, Kanasín, Mérida, Tixcocob, Umán, Buctzotz y Valladolid; 85 no cuentan con área para mujeres.
Dentro de los derechos fundamentales que revisan los visitadores de la Codhey está el derecho a la integridad personal, tanto física como moral así como los relativos al debido proceso.
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Del total (107), 72 cárceles no acreditaron realización de la lectura de derechos; en 68 no se acreditó que se informara tiempo de arresto o multa aplicable; 80 no se acreditó que se informara a la persona arrestada al derecho de interponer una queja por detención o trato de los elementos policiacos. Tampoco cuentan con procedimientos para tales efectos.
El ser mayahablante pone al detenido en estado de indefensión. En 22 cárceles municipales no hay personal que atienda y hable en lengua maya.
El reporte advierte: “las autoridades policiacas de algunos municipios podrían incurrir en una flagrante violación a los derechos humanos al no respetar las salvaguardas de las personas detenidas consagradas en nuestra Carta Magna así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales”.
La falta de protocolos y registros en 31 sitios carcelarios locales. En 40 no hay conocimiento de quienes visitan a los detenidos. En 64 ni reportan qué pertenencias le resguardaron al arrestado.
Jacobo Velázquez
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