FGR | El exgobernador Ángel N enfrentará su proceso judicial desde el penal de máxima seguridad del Altiplano.

El exgobernador de Guerrero, Ángel N, enfrentará un juicio penal encerrado en el CEFERESO Número 1 Altiplano por el delito de desaparición forzada. La justicia federal resolvió procesarlo tras considerar que existen indicios claros de que el exmandatario maniobró para esconder información crucial sobre la búsqueda de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

La decisión se concretó al cierre de una maratónica audiencia inicial de casi 14 horas continuas. En el estrado, los fiscales asignados al Caso Ayotzinapa derribaron uno a uno los argumentos de la defensa legal, la cual intentó sin éxito desligar al político de las investigaciones sosteniendo que ni siquiera se encontraba en suelo guerrerense cuando ocurrieron las agresiones.

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El juez de control desechó la coartada de la defensa por carecer de sustento objetivo y concluyó que el expediente contiene datos suficientes para procesar al exfuncionario. Conforme a las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales, en este punto del juicio solo se requiere probar la probabilidad de la falta para avanzar a las siguientes fases procesales.

Prisión preventiva para el exgobernador Ángel N

Al valorar los indicios, el impartidor de justicia determinó que las imputaciones por desaparición forzada son firmes y justifican mantener encarcelado al imputado. Por ello, ratificó la medida de prisión preventiva oficiosa dentro del penal de máxima seguridad del Altiplano y fijó un periodo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Las indagatorias señalan que Ángel N tuvo un papel activo en el bloqueo de las investigaciones sobre lo ocurrido en el municipio de Iguala durante septiembre de 2014. Específicamente, se le señala por haber desaparecido las grabaciones de video que registraron los ataques y la posterior captura de los jóvenes normalistas.

Ordenaron borrar videos clave de Iguala

Las evidencias recabadas confirman que la instrucción de desaparecer ese material no fue un error operativo, sino una orden deliberada y directa del propio exgobernador. La trama para esconder los videos involucró además a otros funcionarios estatales de primer nivel que operaban bajo sus órdenes en Guerrero.