Caprichos de élite

La reciente alerta en Conkal por una pantera negra que se encuentra en el interior de un predio residencial como mascota desnuda, una vez más, la persistente y soberbia necesidad de un sector de la sociedad de poseer lo indomable como un mero símbolo de estatus económico. 

Mientras la discusión global avanza hacia el cuestionamiento de los zoológicos y prioriza el modelo de santuarios encaminados a la preservación en libertad, a nivel local seguimos atrapados en una contradicción ética alarmante, donde el dinero parece otorgar el derecho de confinar a un gran depredador al encierro de un entorno urbano, fuera de todo hábitat natural. No se trata únicamente de un debate sobre la legalidad de los permisos que las autoridades federales deban determinar, sino de una profunda falta de conciencia y sentido común. 

Los animales exóticos son, por naturaleza, salvajes; ignorar esa realidad bajo el velo de la domesticación es una negligencia que ya ha costado caro en la península, como aquel trágico antecedente de 2018 en Baca, donde un tigre de bengala hirió de gravedad a su cuidador. Urge entender que el verdadero respeto a la fauna silvestre no radica en coleccionarla tras una reja en la colonia, sino en defender su derecho a habitar los espacios a los que verdaderamente pertenece. ¿Será?

Memoria selectiva

El documento difundido por Mario Villanueva Madrid, donde intenta justificar 25 años de procesos judiciales, es más un ejercicio de victimización que de rendición de cuentas. El exgobernador insiste en absoluciones de cómplices y en promesas políticas incumplidas, pero omite el fondo: las acusaciones de narcotráfico, lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado que marcaron su administración.

Pretender que sin cómplices no hay delito es minimizar la responsabilidad de quien ocupó el máximo cargo en Quintana Roo y fue señalado por proteger a capos y manipular instituciones.

Su narrativa busca limpiar una imagen corroída por décadas de corrupción y violencia, pero la sociedad no debe olvidar que su captura fue consecuencia de un entramado criminal que dañó al estado. La justicia no se construye con memorias selectivas, sino con responsabilidad frente a los hechos. ¿Será?

Mirada pasiva

La denuncia de Sélvame MX contra la planta San Miguelito, en Cozumel, en el vecino estado de Quintana Roo, revela un problema grave: el derrame de aguas residuales que estaría contaminando la laguna Ciega y matando manglares. 

Las imágenes satelitales y los análisis de campo con presencia de coliformes fecales y E-coli son pruebas contundentes, pero las autoridades insisten en minimizar el impacto.

Resulta inadmisible que, tras invertir más de 113 millones de pesos en la ampliación de la planta, hoy se hable de contaminación en lugar de saneamiento. La opacidad y la falta de respuesta muestran un patrón de negligencia que pone en riesgo la biodiversidad y la salud pública.

La sociedad exige transparencia y acciones inmediatas de biorremediación, porque la complicidad oficial frente a un ecocidio es tan grave como el daño ambiental mismo. Cozumel no puede pagar el precio de la indiferencia institucional. Y mucho o