La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió un nuevo capítulo en la disputa por el impacto ambiental de las granjas porcícolas en Yucatán, al ordenar reponer un juicio de amparo promovido por habitantes mayas de Kinchil y Chapab que denuncian haber sido excluidos de la consulta sobre la norma ambiental que regula esta industria.
En una decisión unánime, el máximo tribunal del país resolvió el amparo en revisión 451/2025 y revocó la sentencia inicial emitida por un juzgado federal en Yucatán, que había desechado la demanda bajo el argumento de que las y los promoventes no tenían “interés legítimo” para impugnar la Norma Técnica Ambiental NTA-001-SDS-22.
SCJN revoca decisión de juzgado federal
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La resolución representa un revés para el criterio adoptado previamente por el Juzgado Primero de Distrito, pues la Corte consideró que sí existe interés legítimo de las comunidades mayas para cuestionar la falta de consulta indígena en torno a una regulación vinculada con las granjas porcícolas que operan en sus territorios.
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El caso fue impulsado por habitantes de Kinchil y Chapab, acompañados por organizaciones como Kanan Derechos Humanos, quienes señalan que la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) publicó la norma el 23 de diciembre de 2022 sin realizar una consulta previa, libre e informada a los pueblos mayas afectados por la industria.
Además, acusaron que la regulación omitió incluir la consulta indígena como requisito para la instalación o regularización de futuras granjas.
Comunidades mayas cuestionan regulación ambiental
La SCJN también concluyó que hubo irregularidades procesales, ya que el juzgado federal no admitió una ampliación de la demanda relacionada con la posible aplicación de la Ley de Protección al Medio Ambiente de Yucatán para invalidar el derecho a consulta de las comunidades indígenas.
Con el fallo, la Corte ordenó al juzgado local reponer el procedimiento, admitir la ampliación de la demanda y emitir una nueva sentencia reconociendo el interés legítimo de las personas promoventes.
El proyecto aprobado, elaborado por la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, podría sentar un precedente importante en Yucatán sobre el derecho de las comunidades indígenas a participar en decisiones ambientales relacionadas con proyectos industriales.
Industria porcícola vuelve al centro del debate
El caso también vuelve a colocar bajo reflectores a la industria porcícola en el estado, una actividad que desde hace años ha generado conflictos socioambientales por denuncias de contaminación del agua, afectaciones al territorio y falta de consulta a comunidades mayas.
Organizaciones acompañantes consideraron que la sentencia abre la puerta para fortalecer los criterios judiciales sobre consulta indígena y acceso al amparo en temas socioambientales, además de mantener viva la disputa legal en torno al modelo de expansión de las granjas porcícolas en Yucatán.