por Francisco X. Diez Marina

Desde la toma de protesta, la política económica de Trump nació como una ofensiva hacia afuera: aranceles, amenazas comerciales, invocaciones de emergencia nacional. El tablero era, casi por completo, global. China, México, Europa, entre otros. Sin embargo, la semana pasada el riesgo dejó de estar únicamente en el exterior y regresó a su propia cancha; dejando ver, como anticipaba en días previos, que algo comenzó a moverse. Y no sólo en los mercados.

El viernes pasado, la Corte Suprema resolvió que el Presidente excedió su autoridad al imponer aranceles generalizados con base en la IEEPA, sosteniendo que éstos constituyen una facultad única del Congreso. Un hecho que, sin duda, no constituyó sólo un matiz técnico, sino un límite institucional. En consecuencia, el fallo invalidó los aranceles anunciados en abril de 2025 y otros gravámenes impuestos bajo esa lógica expansiva.

No obstante, no desmontó toda la arquitectura comercial, pero sí desactivó el uso amplio de la emergencia como fundamento permanente. Y como era de esperarse, la reacción fue inmediata: un arancel global del 10% bajo la Ley de Comercio de 1974 y el anuncio de investigaciones bajo las Secciones 301 y 232. Es decir, se abandonó el paraguas generalizado y se transitó hacia instrumentos sectoriales, jurídicamente más acotados pero potencialmente más agresivos.

Aunque más allá del peloteo entre la Corte y Trump, lo evidente es que el balón ya está en otra cancha y el problema de fondo sigue sin resolverse; pues los aranceles generaron más de 133 mmdd en ingresos hasta diciembre y elevaron sustancialmente la recaudación aduanera. Sin embargo, el déficit comercial prácticamente no se corrigió –pasó de 903 mmdd en 2024 a 901 mmdd en 2025. Es decir, el instrumento funcionó sólo como fuente de recursos, más no como estrategia estructural de reindustrialización.

A ello se suma una nueva preocupación, toda vez que en ningún momento se resolvió si procede o no el reembolso de los aranceles ya cobrados. Por lo que de confirmarse su devolución, los montos podrían ascender a 170 mmdd, lo que introduce una capa adicional de presión presupuestaria.

Para México, el impacto es un tanto ambiguo; ya que más del 80% de las exportaciones cumplen con el T-MEC y, por ende, ya estaban exentas bajo el esquema previo y, ahora, bajo el actual. Por ello, nuestro país únicamente habrá de estar atento a los cambios cualitativos de riesgo en términos de  mayor probabilidad de medidas focalizadas bajo seguridad nacional o prácticas desleales, menor amortiguamiento vía reglas de origen y una negociación sector por sector.

Frente a tales consideraciones, me parece que el punto central no es sólo comercial, sino fundamentalmente político; pues la decisión de la Corte obliga a Trump, aunque sea de manera momentánea, a jugar en cancha propia y a entender cuál es su rol tanto como Presidente como factor clave en las narrativas de cara a las elecciones intermedias de 2026 y a la presidencial de 2028.