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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó visitas de seguimiento y verificación en un predio del municipio de Kinchil, tras denuncias de las comunidades por actividades atribuibles a la empresa Productora Nacional de Huevo (CRÍO). Durante las diligencias, la autoridad detectó la violación de sellos de clausura impuestos como medida de seguridad.

Además, la Profepa documentó la afectación de aproximadamente 13.7 hectáreas de vegetación forestal, lo que motivó la ampliación de la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR). Estas acciones se originaron por trabajos realizados sin autorización ambiental.

Verificación confirma incumplimiento de clausura

El 9 de enero de 2026, personal de la Profepa acudió nuevamente al sitio y constató que la clausura temporal total, impuesta desde el 12 de noviembre de 2025, no fue respetada. En consecuencia, se verificó la continuidad de trabajos de preparación del terreno con maquinaria pesada.

La clausura se ordenó debido al cambio de uso de suelo en terrenos forestales y a la remoción total de vegetación forestal natural en una superficie aproximada de 13.7 hectáreas, sin contar con la autorización correspondiente de la autoridad ambiental.

Aseguramiento de maquinaria pesada

Derivado de estos hechos, la Profepa ejecutó el aseguramiento precautorio de una retroexcavadora y un bulldozer de oruga, utilizados para el picado y nivelación del suelo natural. Dichas acciones se realizaron con fines de construcción de vialidades y futuras naves industriales destinadas a la producción y crianza de aves.

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La maquinaria pertenece a una empresa arrendadora y era operada por personal de una constructora contratada por la responsable del predio, según lo asentado en las actas de verificación levantadas por la autoridad.

Posteriormente, el 12 de enero, la Profepa realizó otra visita para constatar que la maquinaria asegurada permaneciera en el lugar y que los sellos de clausura continuaran intactos. Sin embargo, personal de la empresa constructora se negó a recibir y firmar la orden de verificación.

Durante esta diligencia, únicamente se localizó el bulldozer, sin los sellos de “bien asegurado” y en una ubicación distinta a la original. La retroexcavadora ya no se encontraba en el sitio, lo que representa un incumplimiento grave y reiterado a las medidas de seguridad impuestas por la Profepa, que procedió a reinstalar los sellos en la maquinaria localizada.

Ampliación de denuncia ante la FGR

Ante el reiterado incumplimiento de la clausura y la manipulación indebida de bienes asegurados, la Profepa presentó el 13 de enero de 2026 la ampliación de la denuncia penal previamente interpuesta ante la FGR. Además, la autoridad ambiental informó que se reunirá con la Fiscalía para dar seguimiento al caso y garantizar el cumplimiento de la ley.

La Profepa reiteró su compromiso con la protección del medio ambiente, el cumplimiento de la normatividad ambiental y la atención a las denuncias ciudadanas, al tiempo que continuará con las acciones necesarias para asegurar el respeto a las medidas impuestas por la autoridad ambiental.