En los últimos días se ha debatido sobre la viabilidad de llevar a cabo extracción de gas a través del fracking en México. La discusión entre el gobierno y los grupos de conservación ambiental tiene mucho que ver sobre los impactos ecológicos que tiene esta práctica.
En medio de la discusión hay argumentos que aseguran que los beneficios de tener una independencia en el abastecimiento de gas es benéfico en muchos sentidos para el país, mientras que los ambientalistas advierten que los impactos ambientales a largo plazo van a superar por mucho cualquier beneficio económico que se pueda tener.
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Mi duda esta vez es: ¿Cómo podemos garantizarnos una discusión donde intervengan todos los actores que tengan algo que decir? ¿O es que el gobierno acapara el debate y la toma de decisiones?
En el caso del fracking, las organizaciones han reclamado que no hay una inclusión completa de quienes pueden tener un impacto con la toma de estas decisiones. Reclaman que no fueron invitadas a la discusión comunidades directamente afectadas, personas expertas en epidemiología o en territorios indígenas.
El caso del fracking lo utilizo por ser uno que está en este momento en el centro de la opinión pública, pero podría ser cualquier otro.
Lo mismo sucede en el caso de la discusión de los derechos de las audiencias. En ocasiones se llamó a foros o debates donde los actores involucrados podrían expresar sus preocupaciones, pero había descalificativos de saque para incorporarlos.
Fue igual en el caso de las discusiones sobre la reforma al poder judicial, un debate que no incluyó en su totalidad voces disidentes. Hasta ahora pareciera que en los debates o foros donde se colocan temas polémicos, quienes opinan distinto a la línea que requiere el gobierno tienen un camino más empedrado.
Y no solo estoy responsabilizando al gobierno por la falta de diversidad en las voces.
Creo que la oposición también abandonó su tarea de traer voces disidentes. De garantizar un espacio, de forzar una conversación plural para obtener decisiones informadas, con perspectivas diferentes y la posibilidad de cubrir aspectos con los que no siempre se cuentan si solo se ve desde un ángulo.
La disidencia no siempre tiene que ir a frenar los objetivos, también puede enriquecerlos, hacerlos más sólidos y con una visión que permita que cuando haya contratiempos ya se habían contemplado y hay una posibilidad de resolverlos. No solo negarlos o esconderlos bajo la alfombra.
Pero, y aquí la duda genuina, ¿a quién le corresponde el papel de pelear un espacio para las voces disidentes?, ¿quién debería garantizar que las comunidades que históricamente han sido ignoradas tengan un espacio y un micrófono?
Porque más allá de las organizaciones de la sociedad civil, cada vez más diezmadas por recortes, no hay un claro defensor.
¿Deberíamos quedarnos sin esa defensa? Me parece que es un camino peligroso al que podríamos ir cuando todo el mundo está completamente de acuerdo en las discusiones.
@Micmoya