La expansión urbana en Yucatán avanza sobre ecosistemas de alta fragilidad ambiental como humedales, manglares, dunas costeras, petenes y selva baja espinosa, principalmente en la franja costera integrada por 13 municipios, revela el diagnóstico “Desarrollo Urbano Territorial para los Asentamientos Humanos Sostenibles” elaborado por el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut).
Los municipios de Sinanché, San Felipe, Río Lagartos, Tizimín, Ixil, Hunucmá, Dzilam de Bravo, Progreso, Dzidzantún, Dzemul, Celestún, Yobaín y Telchac Puerto concentran los impactos más severos, al albergar ecosistemas de alta vulnerabilidad y zonas naturales protegidas que cubren el 17 por ciento del territorio estatal, de acuerdo con el diagnóstico.
Urbanización acelerada y pérdida ambiental
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Las dinámicas de expansión urbana y productiva registradas entre 2010 y 2025 han transformado aceleradamente el paisaje natural del estado. Solo en ese periodo, la superficie destinada a asentamientos humanos aumentó 105 por ciento, al pasar de 63 mil a más de 131 mil hectáreas. Esta urbanización se ha extendido principalmente sobre suelo ejidal y ecosistemas costeros, impulsada por proyectos inmobiliarios, industriales y turísticos, señala el documento.
Entre 2011 y 2019, Yucatán perdió 19 por ciento de su superficie de ecosistemas de alto valor ecológico, equivalente a 25 mil hectáreas, debido al cambio de uso de suelo, la deforestación y la degradación ambiental. A ello se suma la pérdida de 14 mil 862 hectáreas de cobertura forestal tan solo en 2023, ubicando a la entidad en el quinto lugar nacional por pérdida de superficie forestal.
Estos procesos, señala el documento, generan un desequilibrio urbano y ambiental: aumentan la temperatura en las zonas habitadas, eliminan barreras naturales contra fenómenos hidrometeorológicos y exponen a la población costera a mayores riesgos de inundaciones y erosión.
Crecimiento descontrolado y falta de planeación
El Imdut reconoce que el crecimiento de los asentamientos humanos se desarrolla bajo un modelo expansivo, disperso y descontrolado, producto de “débiles mecanismos de planeación del desarrollo urbano y regulación del aprovechamiento del territorio”. Además, el 32 por ciento de las áreas habitadas en Yucatán se ubican fuera de los perímetros de contención urbana, lo que intensifica la ocupación irregular y la presión sobre el entorno natural.
A través de políticas públicas se plantea revertir este modelo mediante la consolidación de un ordenamiento territorial sostenible, que priorice la densificación urbana, el reaprovechamiento del suelo intraurbano y la protección de los ecosistemas frágiles.
Advierten que hasta 2022, ninguno de los 106 municipios yucatecos aplicaba políticas para delimitar el crecimiento urbano; y sólo Mérida desarrollaba estrategias de reaprovechamiento de predios baldíos o deteriorados.
El reto, subraya el programa, es avanzar hacia un modelo compacto, ordenado y sostenible, donde los asentamientos humanos crezcan en armonía con los ecosistemas y las actividades productivas del territorio, garantizando la justicia territorial, el bienestar social y la resiliencia ambiental del Yucatán del futuro.
Clausuras por daño ambiental en la costa yucateca
En los últimos meses, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha realizado clausuras en terrenos de Sisal, Progreso, Dzilam González y San Felipe, debido a que detectaron que pobladores desmontaron espacios protegidos para realizar construcciones.
Las clausuras más recientes se dieron hace unos días en dos predios de Chicxulub Puerto, municipio de Progreso, tras detectar obras de relleno y eliminación de vegetación de manglar en superficies de 301 y 136 metros cuadrados, respectivamente.
La Profepa ha advertido que los manglares son ecosistemas fundamentales para la zona costera, pues sirven como barrera natural contra tormentas y huracanes, además de ser refugio y criadero de múltiples especies de flora y fauna. Su relleno y desecación provocan un grave desequilibrio ecológico y ponen en riesgo tanto la biodiversidad como la seguridad de las comunidades humanas.