Trabajadores yucatecos que perciban entre uno y dos salarios mínimos podrán adquirir una vivienda digna a través del programa federal Vivienda por el Bienestar, que contempla un crédito preferencial y la construcción de al menos 9,500 casas en el estado, informó Mauricio Sahuí Rivero, delegado del Infonavit en Yucatán.
2,400 viviendas de inicio
El funcionario precisó que los trámites están avanzados y que ya se ha firmado el primer contrato para la edificación de 2,400 viviendas en el fraccionamiento San Marcos Nocoh, al sur de Mérida. Además, se proyectan otras 600 casas en Umán, y se estudian desarrollos adicionales en Kanasín, Ucú, Progreso, Valladolid, Tizimín y Samahil.
“El objetivo es que Yucatán sea uno de los primeros estados en cumplir con la meta del programa. Y esto ha sido posible gracias al respaldo del gobernador Joaquín Díaz Mena, quien ha estado muy pendiente y comprometido con el proyecto”, afirmó Sahuí Rivero.
El programa, detalló, contempla viviendas de 60 metros cuadrados, es decir, más amplias que las opciones del mercado de interés social, que rondan los 42 metros cuadrados.
El costo de las casas
Estas casas, precisó, tendrán un precio de entre 550 mil y 600 mil pesos, pero podrán ser adquiridas mediante créditos con tasas preferenciales cercanas al 4% anual, lo que representa un alivio financiero para miles de familias.
“El programa responde a una necesidad urgente de vivienda digna para trabajadores que ganan poco. Antes, conseguir una casa de este tamaño con ese ingreso era prácticamente imposible”, aseguró el delegado.
Acceso al programa
Para acceder al programa, los derechohabientes deben contar con una relación laboral vigente y haber acumulado al menos 1,080 puntos en el sistema de Infonavit. “Una vez que las viviendas estén listas, se ofertarán de inmediato”, sentenció.
Sahuí Rivero explicó que el proyecto es coordinado por la Desarrolladora Infonavit, que funge como ente rector y gestor de contratos con constructoras afiliadas a cámaras empresariales como Canadevi y la CMIC.
“Estamos trabajando con empresarios responsables y con municipios que se han sumado con entusiasmo a esta tarea”, dijo.
Aunque no se estableció una fecha exacta, el delegado adelantó que las primeras viviendas podrían estar listas en un plazo de seis a siete meses. “Este año ya empezaremos a ver resultados concretos”, prometió.
Finalmente, aseguró que, aunque el programa está abierto a todos los derechohabientes, podría incluso superar la meta si la coordinación entre los tres niveles de gobierno y el sector privado continúa como hasta ahora.
“Este es un paso decisivo hacia una política de vivienda más justa e incluyente, que reconoce el derecho de todos los trabajadores a tener un hogar digno y accesible”, concluyó.