Activistas exigen despenalización del aborto en Yucatán, pidiendo reformas legislativas que garanticen derechos sexuales y reproductivos.
Foto: Juan Manuel Contreras Activistas exigen despenalización del aborto en Yucatán, pidiendo reformas legislativas que garanticen derechos sexuales y reproductivos.

Las iniciativas sobre la interrupción legal del embarazo presentadas recientemente en el Congreso de Yucatán deben tener un análisis profundo y prudente en cuyo debate debe incluir a todos los sectores de la sociedad y estar basado en la ciencia y el derecho aseguró el diputado Gaspar Quintal Parra, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Destacó que con la discusión de ideas y su contraste se puede lograr una mejor legislación que respete los derechos humanos y los tratados internacionales.

Una mejor legislación

El priísta subrayó la importancia de no legislar de manera precipitada, pues recordó que el Congreso yucateco ha tenido problemas en este aspecto. 

“No podemos improvisar ni en este tema ni en ningún otro. Se legisla ‘al vapor’ y por eso hay que estar corrigiendo cuando estamos en tribuna. Lo vivimos en la reforma del Poder Judicial, le corrigieron casi cinco artículos en el pleno”, sostuvo.

Gaspar Quintal también criticó la prisa de algunos congresos estatales por aprobar reformas sin un análisis profundo: “parece una competencia entre los congresos de Morena para ver quién le entrega primero las minutas a la presidencia, cuando deberíamos ser más cuidadosos”.

En este sentido, hizo hincapié en la necesidad de definir qué se entiende por aborto y establecer tiempos adecuados para su regulación: “hay que oír a los científicos, a los médicos y a la sociedad. Es algo que no puede tomarse a la ligera ni usarse como bandera política, ni a favor ni en contra”.

Realizar parlamentos

Finalmente, Quintal Parra exhortó a sus compañeros diputados a realizar parlamentos abiertos para discutir este y otros temas, considerando experiencias de otros estados y países: “en la Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca y otros estados ya se ha regulado. También es un tema de salud pública, no solo de criminalización de la mujer”.

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