Profepa detiene devastación de manglares en Sisal
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detuvo la destrucción de 10 mil 400 metros cuadrados de mangle a manos de pobladores del Pueblo Mágico de Sisal, en Yucatán.
Fue gracias a una inspección realizada por personal de la dependencia federal luego de recibir el reporte de remoción del mangle botoncillo, Conocarpus erectus, especie listada en la NOM-59, con motosierras, machetes y hachas, por lo que se impuso una clausura total temporal en el lugar.
Habitantes justifican el daño ambiental
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Los presuntos responsables del desmonte y fragmentación del ecosistema serían habitantes de la localidad, quienes justifican esta actividad señalando que tienen derecho a ocupar esta zona como vivienda.
“El mangle es un ecosistema fundamental para la protección de las zonas costeras. Su remoción de la manera en que se dio en esta comunidad es causa de sanciones tanto administrativas como penales. La Profepa acudirá a todas las instancias pertinentes para sancionar a los responsables. Se acabó la impunidad frente a la devastación de los bienes naturales del país”, afirmó la procuradora Mariana Boy Tamborrell.
Clausura y nuevas sanciones por destrucción de mangle
Adicionalmente, en la zona se observó fragmentación y degradación del ecosistema del humedal costero, así como afectación a diversas especies de flora y fauna silvestre. Por ello, se procedió a la medida de seguridad de clausura total temporal de una franja más amplia de superficie, adicional a la impactada directamente.
Ignorando esta medida de seguridad impuesta, habitantes de la región continuaron con la devastación, ahora en una superficie de 12 mil 600 metros cuadrados de manglar, por lo que el personal de la Profepa en Yucatán se coordinó con la Secretaría de Marina (Semar) para regresar y colocar cuatro sellos más de clausura.
Además, interpuso una denuncia ante la FGR contra quienes resulten responsables de los hechos.
Zonas federales y la regulación ambiental
Las zonas federales son áreas que están bajo la jurisdicción del gobierno federal, y su uso está regulado para proteger los recursos naturales y el medio ambiente. Por lo tanto, cualquier proyecto de construcción en estas áreas debe obtener permisos específicos y seguir los lineamientos establecidos por las autoridades competentes, señaló la dependencia.