La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), María Guadalupe Méndez Correa, dio a conocer que los centros de detención de la entidad han mejorado su evaluación por sus buenas prácticas, pasando del puesto 14 hace seis años al tercer lugar a nivel nacional.
La ombudsman de la entidad explicó que los centros de reinserción de Yucatán han recibido buenas calificaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismo encargado de llevar a cabo los diagnósticos de estos centros de detención.
Señaló que continuarán dando seguimiento y revisando el trabajo en lugares como el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Mérida, así como en otras cárceles, para conservar los avances en esta materia en el estado.
Méndez Correa mencionó que, al revisar los últimos diagnósticos de todos los centros de detención del país, destacó que los correspondientes al estado de Yucatán han avanzado, ocupando actualmente el tercer lugar a nivel nacional por sus buenas prácticas.
“Yucatán estaba en el lugar 14 hace seis años y ahora está en el tercer lugar. Lo que debemos hacer es conservar esta referencia”, indicó.
Adelantó que estarán revisando el diagnóstico que hace el Centro de Supervisión a Organismos Públicos, especialmente en su metodología, con el objetivo de impulsar las estrategias y acciones necesarias para que Yucatán mantenga el puesto que ha ganado. Esto también les permitirá identificar áreas de oportunidad que se pueden mejorar en los centros penitenciarios de la entidad.
En otro orden de ideas, la presidenta de la Codhey señaló que, al iniciar su gestión al frente del organismo, trabajará en una metodología llamada “desempaque de derechos humanos”, que consiste en consultar a diversas organizaciones de la sociedad civil su opinión sobre dónde se deben redoblar los esfuerzos en esta materia en la entidad.
Mencionó que están trabajando en lo que sería la primera recomendación de su gestión, relacionada con un caso de discriminación ocurrido en el puerto de Progreso, donde se negó un permiso para realizar una boda a miembros de la comunidad LGBT. “Vamos a estar muy pendientes y dar los acompañamientos pertinentes para que no se repliquen las situaciones de discriminación en el estado”, sostuvo.
Asimismo, señaló que trabajarán en alianza con las nuevas autoridades de los diferentes órdenes de gobierno para incidir en los derechos humanos, y esperan tener los primeros acercamientos en breve para avanzar en la materia.
Entre las mejoras implementadas se incluyen la modernización de instalaciones, el acceso a servicios básicos de calidad, y la capacitación constante del personal penitenciario en manejo de crisis y derechos humanos. Además, se han fortalecido los programas educativos y laborales dentro de los centros, proporcionando a los internos herramientas para su reinserción efectiva en la sociedad.
La presidenta de la Codhey subrayó que estos logros son el resultado de un esfuerzo coordinado entre las autoridades estatales, las organizaciones de la sociedad civil y las propias instituciones penitenciarias.
También señaló la importancia de mantener un enfoque constante en la mejora de las condiciones de reclusión y el respeto a los derechos humanos, como elementos clave para el avance en el sistema penitenciario de Yucatán.
Estos avances posicionan a Yucatán como un referente en la implementación de buenas prácticas en el sistema penitenciario a nivel nacional, destacando la necesidad de continuar con estos esfuerzos para garantizar la dignidad y el bienestar de los internos, así como la seguridad y efectividad del sistema de justicia penal en el estado.